Hace 40 años, España entraba en la OTAN, una organización política y militar cuya principal razón de ser es el ejercicio de la disuasión mediante la defensa colectiva frente a cualquier amenaza como la que antes representaba la URSS y ahora Rusia, capaz de invadir Ucrania. En esa época se empezaba a vislumbrar un mundo donde la seguridad pública abría paso a la seguridad privada, que a lo largo de estas cuatro décadas ha ido ganando protagonismo ante una mayor demanda de seguridad de los ciudadanos.
El final de la Guerra Fría dio paso a la globalización, que va difuminando los límites entre seguridad interior y exterior, lo que requiere de respuestas cada vez más transversales para hacer frente a los riesgos y amenazas procedentes de cualquier ámbito. En este contexto, empieza a tomar protagonismo el concepto de «seguridad nacional», entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales y a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos. Esta seguridad es la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos y garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de sus instituciones.
Un antes y un después en la seguridad nacional
Con los atentados del 11S se puso de manifiesto la necesidad de incrementar la seguridad y la coordinación de instituciones, organismos y empresas que contribuyen a la seguridad en campos tan variados como el transporte aéreo o la ciberseguridad.
Los gobiernos empezaron a desarrollar estrategias de seguridad nacional de naturaleza transversal y que abarcan muchos ámbitos: defensa, seguridad económica, lucha contra el terrorismo, lucha contra la delincuencia organizada, seguridad energética, protección de infraestructuras críticas, lucha contra las pandemias y epidemias, capacidad para hacer frente a las catástrofes y emergencias, seguridad aeroespacial, seguridad marítima, ciberseguridad, lucha contra la desinformación, etc.
En la mayoría de estos campos es imprescindible la colaboración público-privada, y eso ha favorecido la aparición de múltiples empresas dedicadas a la seguridad privada, la ciberseguridad, la seguridad en el ámbito aéreo, marítimo, etc.
En España, la primera Estrategia de Seguridad Nacional que se puso en funcionamiento es de 2013. Dos años más tarde se aprobó la Ley 36/2105, de Seguridad Nacional, que está pendiente de ver aprobada su modificación para poder utilizar los recursos de interés para la seguridad nacional.
Y este es el fundamento y sustrato de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que dibuja un panorama de seguridad más incierto, donde la tecnología y la colaboración público-privada son esenciales.
La Estrategia establece tres ejes estratégicos: primero, proteger la vida, los derechos y las libertades de las personas, así como el orden constitucional; segundo, promover la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos; y tercero, participar en la preservación de la paz y la seguridad internacional.
El sistema de seguridad nacional ha creado tres foros para promover la colaboración público-privada: uno de ciberseguridad, otro de lucha contra las campañas de desinformación y un tercero de cultura integral de seguridad nacional.
El nivel de exigencia de seguridad por parte del ciudadano es cada día más alto, y esa seguridad debe ser cada vez más tecnológica, ya que es en este campo donde más proliferan los riesgos y las amenazas. Y es de la mano de la tecnología donde la seguridad pública y privada pueden y deben avanzar más rápidamente.
