Hoy en día nos movemos hacia un futuro incierto, volátil, ambiguo y complejo, como nos ha demostrado la pandemia de la COVID-19, el conflicto internacional inherente a la invasión de Ucrania, la crisis económica consecuencia de la situación geopolítica, los mercados ilícitos emergentes, la vulnerabilidad y las desigualdades económicas, los flujos migratorios y otros eventos que, por novedosos, desconocidos o inesperados, pudieran suceder. Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre la definición de un nuevo ecosistema de seguridad.
Tradicionalmente se entendía la seguridad pública como algo aislado y solo a cargo de aquellos que ostentaban el poder del uso legítimo de la fuerza, y descansaba sobre las normas penales y el ejercicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La evolución social ha obligado a entender la seguridad con el nuevo paradigma de la seguridad integral, entendiendo por tal la libertad de comercio, de disfrute del ocio, de identidad y no solo la libertad de circulación y el ejercicio de los derechos; en definitiva, se ha instalado en la sociedad el principio básico de que sin seguridad no hay libertad.
En este contexto debemos definir ese ecosistema de seguridad que, orientado a un propósito y con una estrategia previamente definida que procure la creación de valor sostenible actual y futuro, permita la aplicación de la seguridad integral.
Ya no son solo las estructuras de poder las que singularmente pueden sostener el equilibrio de la seguridad. Son necesarios aspectos de partenariado, de alianza de todas las disciplinas. Será difícil enfrentarnos a los retos y aprovechar las oportunidades, y bajo esa óptica global la seguridad privada constituye un socio fundamental para los cuerpos de seguridad.
Al igual que ha ocurrido con las instituciones administrativas de seguridad, la gestión del talento ha sido fundamental en las empresas de seguridad privada. La cada vez mayor colaboración y coordinación con la Administración Pública ha supuesto una coalición de estructuras que precisa un desarrollo mayor, una amplitud de miras y un encaje más estructural.
Las fronteras de la seguridad se han quebrado y ya no están limitadas por la geografía o las competencias. La inseguridad transgrede los límites que entendíamos como espacios seguros. Donde se mantenían unos procedimientos mecanizados, ya solo se puede garantizar el disfrute de las libertades con una gestión de la información adecuada, análisis de inteligencia y bases de coordinación firmes entre todos los actores de la seguridad.
Así, desde una perspectiva local no se puede perder la mirada a la situación internacional, pues cualquier contingencia tendrá influencia local. En este ámbito de la proximidad, más allá de las regulaciones, la seguridad privada ha de constituirse en una alianza permanente para la sostenibilidad de la convivencia. Su participación en eventos públicos, su marco de protección en el ámbito privado, sus capacidades tecnológicas en la seguridad física, su configuración como tejido empresarial y sobre todo su capital humano, han de ser fuente y recepción de información para provocar la sostenibilidad de la seguridad local.
Deben articularse procedimientos que permitan un trasvase de información de carácter bidireccional, siempre teniendo en cuenta la confidencialidad de los asuntos que posibilite una estrategia de acción que permita minorar aquellas situaciones que generan intranquilidad por el propio desconocimiento.
Sirvan como ejemplo las intrusiones de la denominada ciberdelincuencia, los hurtos y el régimen de denuncias en los establecimientos comerciales, las amenazas y agresiones en los centros de ocio, las afectaciones a las Direcciones de Seguridad con ocasión de eventos multitudinarios y otros muchos.
Una buena comunicación estratificada competencialmente provocará una acción sumatoria de la sostenibilidad de la convivencia, en la génesis de estrategias, en la acción paliativa de mejorar los índices de percepción de seguridad; en definitiva, el servicio al ciudadano contará con áreas de mejora.
