El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, declaraba el Estado de Alarma por la crisis sanitaria del COVID-19, paralizando toda actividad que no fuese necesaria para el mantenimiento de los servicios esenciales para la subsistencia de la población española. Su objeto era que no siguiese creciendo exponencialmente el número de afectados y, por lo tanto, no se llegase a saturar y paralizar nuestro sistema sanitario, lo que podría causar no miles, sino millones de muertes.
Los hospitales como pieza fundamental de ese sistema sanitario fueron las organizaciones que consiguieron resistir y sobreponerse a este primer impacto y ofrecer la asistencia sanitaria que los pacientes necesitaban, muchos de forma crítica.
Este servicio se prestó en condiciones muy complicadas, teniendo que multiplicar las camas e instalaciones disponibles, tanto de hospitalización como observación o UCI, pese a no disponer del equipamiento tecnológico mínimo necesario como respiradores, monitores o equipos de oxigenoterapia; y en muchos casos ni siquiera equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores (mascarillas, trajes protectores, guantes, calzas…) o espacio suficiente en los depósitos de cadáveres de los hospitales para albergar los exitus producidos por el COVID-19 entre nuestros pacientes.
¿Alguien puede pensar que estas infraestructuras no han sido críticas salvando la vida de miles de personas? Aunque esto parezca de sentido común, la realidad es que, según los datos disponibles, ningún hospital en España había sido nombrado infraestructura crítica anteriormente al inicio de la pandemia mundial.
Pero, ¿qué implicaría una designación como infraestructura crítica de los grandes hospitales españoles? Entre otras cosas, que todas las acciones que se realizaron por el Estado en el momento del inicio de la crisis sanitaria a petición de los hospitales y en su ayuda, y que tuvieron que ser improvisadas (instalaciones de depósitos de cadáveres portátiles, apoyo en la desinfección y limpieza de zonas críticas, instalación de hospitales de campaña…), estarían estructuradas y organizadas de forma previa, reduciendo los tiempos de despliegue y buscando la eficacia y eficiencia.
También significaría, por ejemplo, que los hospitales deberían haber tenido prioridad en la compra tanto de equipamiento sanitario como de EPI, regulando el mercado de los elementos disponibles. Esto último no se produjo y condenó a los hospitales a entrar en un mercado persa, compitiendo con todo tipo de empresas por la compra de dichos suministros imprescindibles.
Hay que recordar que muchas de estas compañías que tenían como único objetivo la especulación y reventa de dichos activos a los hospitales, pero a un precio muy superior. De hecho, han terminado siendo denunciadas y perseguidas por la justicia por dichas prácticas. Esta situación produjo un incremento muy importante tanto en los precios como en los plazos de entrega, favoreciendo, entre otras cosas, que las bajas entre el personal sanitario se multiplicasen al no disponer del número necesario de EPI.
Salud, sector estratégico
Y ¿por qué los grandes hospitales que han posibilitado la supervivencia de cientos de miles de españoles no han sido nombrados infraestructuras críticas? Hay un debate importante abierto, donde frente a la postura del mundo hospitalario que reclama de forma unánime su designación hay responsables de las organizaciones del Estado encargadas de esta designación que consideran que los hospitales no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para ser designados como infraestructuras críticas.
Recordemos que la Ley PIC establece que existen doce sectores estratégicos que deben garantizar el funcionamiento de las infraestructuras que en ellos se encuadran para garantizar la vida tal como la conocen los ciudadanos españoles. Entre estos sectores se encuentra el de la salud, en el que se incluyen no solo infraestructuras de lo que entendemos como sanidad, sino infraestructuras de laboratorios farmacéuticos de producción de medicamentos o instalaciones de investigación con animales.
Por lo tanto, una infraestructura que sea designada como crítica es “aquella infraestructura estratégica (perteneciente a uno de los doce sectores) cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su paralización o destrucción tendría un gran impacto sobre los servicios esenciales”.
Para ello se revisan tres criterios en caso de que el servicio prestado por la infraestructura se vea parcial o totalmente afectado:
- Número de personas afectadas (potencial número de víctimas mortales o de heridos con lesiones graves y las consecuencias para la salud pública).
- Impacto económico y medioambiental (pérdidas económicas y deterioro de productos y servicios).
- Impacto público y social, grave deterioro de servicios esenciales, alteración de la vida cotidiana y pérdida de la capacidad de las administraciones públicas.
Distribución
Los detractores de la designación de los hospitales como infraestructuras críticas esgrimen que las organizaciones sanitarias están diseñadas en forma de red para que la atención sanitaria pueda “distribuirse”. Y que, por lo tanto, en el caso de que un gran hospital vea afectado su funcionamiento, sus pacientes pudieran ser atendidos en el resto de la red. Este argumento carece completamente de fundamento para cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de un gran hospital y de una organización sanitaria.
Hay unidades de un hospital, como las UCI, que son prácticamente inevacuables debido al gran número de pacientes que fallecerían por la gravedad de su estado, simplemente por el traslado fuera de la unidad (entre el 70% y el 80%). Teniendo en cuenta que un gran hospital como el Gregorio Marañón de Madrid cuenta con más de 60 camas de UCI (aunque en los momentos más complicados de la pandemia llegaron a ser casi 140), no hablaríamos de víctimas futuras, sino de víctimas directas debido a la paralización de la actividad.
La “derivación” de la atención sanitaria de cirugías, tratamientos y pruebas diagnósticas hacia otros hospitales crearía un problema de salud pública de primer nivel y un deterioro irreparable para la salud de muchos ciudadanos (tanto del hospital objeto de la paralización de la actividad como del resto de la red) que finalizaría en un gran número de fallecimientos.
Incluso si únicamente hablásemos de impacto económico, hay que tener en cuenta que un gran hospital de los denominados súper especializados de nivel 3 de más de mil camas de hospitalización cuenta con un presupuesto superior a los 500 millones de euros anuales. En este grupo podemos encontrar hospitales de referencia nacional e internacional para el tratamiento de diferentes patologías, como el Hospital Son Espases de Mallorca, el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Río Hortega de Valladolid, el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, el Hospital Central de Asturias, el Hospital Universitario de A Coruña, el Hospital La Fe de Valencia, el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia o el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, entre otros.
La negativa sobre la designación como infraestructuras críticas de los grandes hospitales en España a raíz de la revisión de estos criterios no tiene lugar a dudas para nosotros. No hay duda de que lo son.
La paralización de la actividad de un gran hospital es un lujo que la sociedad no puede permitirse, ya que tendría resultados catastróficos sobre la salud de la población, la economía y la gobernanza de este país. La única forma de garantizar su actividad, en caso de una nueva crisis sociosanitaria o de un incidente de seguridad, es su nombramiento como infraestructura crítica para contar con las herramientas adecuadas que le permitan hacerle frente.
