La facturación de la seguridad privada continúa su senda ascendente de los últimos años, con la excepción de 2020 por la pandemia. Las empresas del sector ingresaron en 2021 un total de 4.431 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1 por ciento respecto al año anterior, según los datos del último estudio económico elaborado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
El auge de facturación se aprecia en todos los segmentos de actividad de la seguridad privada. Los servicios de vigilancia alcanzaron 2.651 millones (que representan un aumento del 3,6% en relación con 2020), mientras que la comercialización de sistemas y alamas ascendió a 1.507 millones de uros (un 8,2% más). Buenas noticias también en relación con el transporte de fondos, que experimentaron un crecimiento del 4,5 por ciento en 2021 tras una caída del 19,9 por ciento el año anterior.
Aproser es optimista en sus previsiones económicas para este año. La asociación estima que el sector crecerá un 4 por ciento y, en concreto, el segmento de vigilancia facturará un 2,5 por ciento más. No obstante, advierte de que tales resultados dependerán de las «diversas incertidumbres en el escenario político y económico del país y del desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania en los meses restantes de 2022».
Origen de la facturación de la seguridad privada
Aproser diferencia en su estudio entre los ingresos procedentes del ámbito público y el privado. La facturación procedente de administraciones y empresas públicas alcanzó el 25 por ciento, lo cual supone un ascenso moderado. De esos aproximadamente 1.107 millones de contrataciones públicas, el 52 por ciento procede de empresas públicas, el 17 por ciento de la Administración del Estado, el 20 por ciento de las administraciones autonómicas y el 11 por ciento restante de las administraciones locales.
En cuanto al origen de la demanda de servicios de seguridad privada, tanto el sector de Industria y Energía como el de Comercio y Servicios supusieron un 16,5 por ciento del total. Le siguieron los sectores de Infraestructuras de Transporte (15,6%) y Edificios-
Instalaciones de Organismos Públicos (11,8%).
El sector en cifras
En toda España operan 1.571 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.355 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 195 por la Generalitat de Catalunya y 21 por el Gobierno Vasco. «Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector es la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual señala que un 84,5% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores», señala el estudio.
El número de vigilantes de seguridad privada en activo también aumentó en 2021, concretamente un 2,1 por ciento respecto al año anterior. Esto supone que trabajaron 85.700 profesionales de esta especialidad, de los cuales el 86 por ciento dispone de una modalidad de contratación de carácter indefinido.
Situación del sector, según Aproser
Aproser considera en las conclusiones de su estudio que «la seguridad privada contempla la escasez de rentabilidad, la competencia desleal y los bajos precios de licitación (en especial referidos a la Administración Pública) como las tres principales debilidades y amenazas que sufre el sector. La continua inseguridad jurídica en general y, en especial, la referida a la actividad de transporte de fondos también constituye una amenaza destacable».
Asimismo, opina que una de las fortalezas que caracterizan al sector es «la creación de empleo a medida» junto a las «oportunidades en el desarrollo de nuevas tecnologías, dado que contribuyen a la optimización y mayor eficacia y eficiencia del servicio».
Consulta el informe de Aproser sobre la facturación de la seguridad privada en 2021
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