La sociedad occidental contemporánea se caracteriza por el desarrollo de entornos y contextos altamente cambiantes. Esto propicia que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos sea la gestión de crisis con el objetivo de minimizar, lo máximo posible, la incertidumbre. Sin duda, se ha producido una clara evolución en este campo, donde las administraciones públicas se han dotado de potentes herramientas de intervención ante emergencias, tanto desde el punto de vista teórico y de conocimiento como operativo. Así, se han ido perfeccionando los equipos tecnológicos y de intervención, lo que está permitiendo proteger a los ciudadanos ante los retos ordinarios de seguridad y emergencias, aquellos que, diariamente, se producen en nuestros municipios.
Por lo tanto, no solamente la obtención y eficiencia de medios y capacidades para hacer frente a cualquier contingencia es lo deseable, sino que, cada vez más, la anticipación y prevención se vuelven imprescindibles.
Si bien el desarrollo tecnológico y humano de la gestión de crisis y emergencias en los niveles operaciones es un dato incuestionable, nos encontramos con dos desafíos: por una parte, la distribución competencial de la seguridad y emergencias, la cual adolece de una adecuada centralización político-administrativa. Por otro lado, la complejidad cada vez mayor de los fenómenos naturales, lo que dificulta la elaboración de modelos predictivos.
Descentralización de la gestión de seguridad y emergencias
En el caso de España, el incremento y cualificación de los diferentes servicios de intervención en emergencias ha crecido exponencialmente en estos últimos años, aunque la dispersión y descentralización competencial, emanada de las diferentes leyes y estatutos de autonomía aprobados a comienzos de los años ochenta, está impidiendo un aprovechamiento adecuado de estas capacidades, especialmente, en la gestión de grandes siniestros o emergencias extraordinarias.
Así, las competencias de extinción de incendios y rescate continúan atribuidas a los municipios de más de 20.000 habitantes, lo que nos revela un panorama nacional con más de 140 cuerpos de bomberos diferentes (municipales, provinciales, autonómicos y estatales) sin una regulación común, además de una distribución y procedimientos heterogéneos, acrecentado por la falta de impulso en la aprobación de una ley básica.
Una situación similar se produce con los servicios de protección civil, muchos de los cuales, prestan su apoyo a la emergencia sanitaria y cuya implantación en los municipios se efectúa de manera desigual. Estas agrupaciones de voluntarios aportan un importante potencial de apoyo a emergencias, por lo que su distribución y coordinación debe ser objetivo primordial con el fin de aprovechar sus capacidades.
Asimismo, tanto la atención de llamadas de emergencia al número único europeo 112, la prevención y extinción de incendios forestales, las emergencias y urgencias sanitarias, como las funciones de policía medioambiental prestada por los cuerpos de agentes forestales, son competencia de las comunidades autónomas.
En el ámbito nacional, a estos servicios que actúan en emergencias, se suman las actuaciones que, en apoyo a la intervención, llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De esta forma, tanto Policía Nacional como Guardia Civil están funcional y orgánicamente adscritas al Ministerio del Interior, mientras que las funciones y competencias de distintas policías locales están atribuidas a los ayuntamientos. Finalmente, y vinculada al Ministerio de Defensa, hay que destacar la labor que realiza la Unidad Militar de Emergencias siempre bajo petición de actuación de las comunidades autónomas.
Fenómenos naturales complejos
A esta situación organizativa, hay que añadir la aparición en estos últimos años de fenómenos naturales de alto impacto, tales como incendios, nevadas, inundaciones y pandemias. Estos generan un incremento del riesgo que, junto con la probabilidad de ocurrencia, conforma una delicada combinación de peligrosidad y vulnerabilidad.
En la Comunidad de Madrid, la amalgama de servicios anteriormente explicados supone la suma de más de 20.000 efectivos en disposición de atender a los ciudadanos ante una catástrofe o una gran emergencia. Todo un ejército que, si no se le dota de herramientas de coordinación y mando único ante una situación de crisis, se convierte en un problema más que en la solución. De esta forma, la potencia sin control se convierte en cuestión crítica cuando hablamos de gestionar emergencias.
La creación de un nuevo Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad de Madrid mediante una ley que, estamos convencidos, será capaz de responder a los retos presentes y futuros, con el objetivo de seguir protegiendo a nuestros ciudadanos con mejores herramientas y conocimientos
Por todo ello, la experiencia adquirida estos últimos 25 años desde la creación del número único europeo de atención de emergencias en Madrid ha supuesto la construcción del primer eslabón de la cadena de respuesta y coordinación, atendiendo cada día una media de 12.000 llamadas. Todo ello, unido a las lecciones aprendidas en estos últimos años, en los que hemos sufrido los peores incendios forestales de este siglo, las peores inundaciones de los últimos 50 años, la mayor nevada de los últimos cien y una pandemia que ha puesto a prueba nuestra sociedad, nos ha llevado a impulsar la creación de un nuevo Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad de Madrid mediante una ley que, estamos convencidos, será capaz de responder a los retos presentes y futuros, con el objetivo de seguir protegiendo a nuestros ciudadanos con mejores herramientas y conocimientos.
Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid
En esencia, esta ley se sustenta en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la exigencia de desarrollar la Estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid; en segundo lugar, su instrumento de ejecución a través del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, y, en tercer lugar, la gestión de todo ello, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112 (ASEM112), organismo que se convierte en un ente de derecho público con mayor capacidad de autogestión, ganando en coordinación, eficacia y eficiencia.
Estos tres pilares se construyen en base a 10 puntos elementales:
1. El conocimiento. Un estudio preciso y exhaustivo del riesgo y del territorio que permita identificar las amenazas, vulnerabilidades con objeto de establecer por un lado las actuaciones de limitación de riesgos (prevenvión), y a la vez los sistemas de alerta temprana (anticipación) que activen la respuesta a situaciones de emergencia o catástrofe. El catálogo de riesgos, el mapa de riesgos y el catálogo de recursos movilizables, son instrumentos esenciales y en constante evolución que nos sirven de base para definir la Estrategia del Sistema.
2. La planificación. El desarrollo de los planes de emergencia y su escalabilidad es el elemento clave para reducir incertidumbres, establecer los mecanismos de respuesta y coordinación bajo la estrategia de un mando único en emergencias, como sistema más eficaz para la toma de decisiones y la implantación de medidas. De lo particular a lo general, desde la base con los planes de autoprotección de organizaciones y empresas, a los planes municipales, planes especiales por tipo de riesgo y, por último, el PLATERCAM como Plan Director, se potenciarán las capacidades de los ciudadanos, las empresas y las administraciones para prevenir y responder ante los riesgos.
3. La intervención. El Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias y la ASEM112, como instrumento de gestión, nos permitirá la ordenación de los recursos disponibles, establecer los protocolos de coordinación de todos los servicios actuantes (bomberos, policías, sanitarios, voluntarios…) en las emergencias ordinarias y su escalabilidad a las grandes emergencias, actuando como un conjunto, aprovechando las capacidades al máximo de los más de 20.000 efectivos de seguridad y emergencias que potencialmente pueden actuar en Madrid cuando la situación lo requiera. Ya estamos en camino de integrar todos los servicios municipales de extinción de incendios y rescate en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, excepto el de la ciudad de Madrid, con el que se ha cerrado un importante acuerdo por el cual se borran las fronteras administrativas en emergencias, actuando el parque de bomberos más cercano al siniestro y no el competente administrativamente. Esto junto con el desarrollo de la competencia de prevención y extinción de incendios forestales en el propio Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y los acuerdos con las comunidades limítrofes, nos permiten una mejora importante en los tiempos de respuesta y en la fuerza desplegada en incendios y rescates.
4. La especialización. Tenemos grandes servicios que desarrollan ejemplarmente sus competencias, pero existen situaciones que requieren de la configuración de equipos multidisciplinares para la intervención en situaciones especiales. La consolidación del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) en la Ley, potencia su capacidad de acción en el exterior, ya de por sí eficaz, como ha demostrado en el reciente terremoto de Turquía. La creación del Equipo de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE), como primer cuerpo de voluntarios de protección civil de una comunidad autónoma, que permitirá responder y coordinar a los más de 3.000 voluntarios municipales en grandes emergencias. La incorporación de la sala de operaciones del Centro de Coordinación Municipal como elemento de apoyo a los 112 cuerpos de policía local y a las 100 agrupaciones de protección civil, permite aprovechar las capacidades de estos cuerpos y la colaboración entre municipios, coordinación con servicios de emergencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por último, la consolidación como un servicio más de emergencia del equipo de comunicación de ASEM112 es un paso muy relevante en una sociedad permanentemente comunicada y que requiere de una información veraz y contrastada para garantizar su propia seguridad. La divulgación de las medidas preventivas, las alertas tempranas y las recomendaciones de los equipos de intervención son trasladadas por este equipo a toda la población por todos los canales de comunicación social. Una sociedad bien informada es una sociedad protegida.
El objetivo es claro: la actuación ante una situación de crisis y emergencia como un único cuerpo, bajo un mando único, que actúe en todo el territorio bajo las premisas de eficacia y eficiencia, en defensa de los ciudadanos y del medioambiente.
5. La digitalización. La Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid facilita la integración de los sistemas de gestión digital de emergencias, permite aprovechar las infraestructuras tecnológicas que sostienen los sistemas de los diferentes servicios, y con ello mejorar su intercomunicación, la explotación de datos y los nuevos canales de comunicación con las infraestructuras críticas y con los propios ciudadanos en caso de emergencia (recepción y envío de alertas, paquetes de datos, imágenes y comunicaciones seguras). En esta línea, la consideración como infraestructura crítica de la Agencia ASEM112 nos obliga a disponer de sistemas de seguridad física y tecnológica que impidan poner en riesgo la continuidad de un servicio esencial. La Ley también contempla la elaboración de un Plan de actuación ante ciberataques que comprometan la seguridad de las infraestructuras críticas regionales.
6. La formación. El impulso al Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias integrado en ASEM112 será clave para la mejora de la capacitación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias que conforman la agencia. Se potenciarán de líneas de trabajo e investigación para la mejora de sus capacidades, a la vez, que se impartirán programas de formación conjunta que permitan potenciar la colaboración, la coordinación y el crecimiento profesional de los diferentes cuerpos, a través del conocimiento mutuo. También es esencial fomentar la formación de la población en emergencias, impulsando el conocimiento de la autoprotección y la prevención de riesgos, empezando desde la escuela, y con ello crear una auténtica cultura de protección civil, con ciudadanos capacitados para formar parte del primer eslabón de la cadena de respuesta.
7. La recuperación. Como último eslabón de la cadena de la emergencia se encuentra la vuelta a la normalidad o la recuperación. Para los casos en los que no exista una declaración expresa por parte del Estado de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer las medidas de recuperación oportuna, especialmente de servicios esenciales.
8. Régimen sancionador. En la Ley se complementa el régimen sancionador del establecido en la Ley del Sistema Nacional de protección Civil, con nuevas sanciones a hechos que están emergiendo en estos últimos años y que ponen en riesgo la actuación eficaz de los cuerpos de seguridad y emergencias, como son la difusión de bulos o las alertas no confirmadas, a través de sistemas de seguridad o dispositivos electrónicos que obligan a movilizar recursos de emergencia y seguridad sin necesidad, restando capacidad operativa al sistema ante potenciales emergencias reales.
9. Reconocimiento. Por primera vez, se establece la medalla al mérito y menciones de honor en protección civil y emergencias dirigido a los profesionales de seguridad y emergencias por acciones meritorias, así como a particulares, instituciones públicas o privadas.
10. Organización. La conversión de ASEM112 en un ente de derecho público permite desarrollar un modelo administrativo más ágil, necesario para cubrir las necesidades de servicios esenciales, como son los que se integran en la Agencia. Los procesos selectivos de incorporación de efectivos, la tramitación de compra de medios materiales y equipos de protección individual para más de 2.500 efectivos, el control, renovación y mantenimiento de una flota de más de 600 vehículos, el desarrollo de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las más de 120 ubicaciones distribuidas por todo el territorio, entre parques de bomberos, oficinas comarcales de agentes forestales, retenes, helisuperficies, puntos de vigilancia, etc., con un uso muchas de ellas 24×365, requieren de una estructura de apoyo técnico y administrativo acorde a la dimensión de esta organización.
Modelo de referencia para otros territorios
En definitiva, este modelo de integración y coordinación, puede ser tomado como referencia en otros territorios y, a su vez, ser impulsado desde el Gobierno de España con las modificaciones legales pertinentes, con objeto de aprovechar al máximo las capacidades de los cuerpos locales y regionales. El objetivo es claro: la actuación ante una situación de crisis y emergencia como un único cuerpo, bajo un mando único, que actúe en todo el territorio bajo las premisas de eficacia y eficiencia, en defensa de los ciudadanos y del medioambiente.
