La proliferación de amenazas que acechan a la sociedad actual tiene un importante impacto en nuestra percepción de la seguridad. Afrontamos amenazas y riesgos transversales, interconectados y transnacionales, y por eso, hoy más que nunca, preservar la seguridad requiere coordinación, tanto internacional como interna, además de la contribución de la sociedad en su conjunto. No basta con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el año 2011, nuestra primera Estrategia Española de Seguridad estableció el principio de que garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas; pero también de la sociedad, ciudadanía, organizaciones sociales, empresas y medios de comunicación, hasta el punto de proclamar que la seguridad es ya responsabilidad de todos.
Así pues, se abre la puerta a que nuevos (y no tan nuevos) actores se integren en el Sistema de Seguridad Nacional. Ciertamente, la intervención de estos actores no resulta novedosa. Lo novedoso es la forma de contemplar e integrar, de una manera holística, a este conjunto de fuerzas en nuestro sistema de seguridad, con una referencia expresa a la necesidad de integrar todas y cada una de las dimensiones de la seguridad, haciéndolas converger hacia objetivos comunes, con plena consciencia de las múltiples relaciones que existen entre ellas.
Desde 2011 nada ha cambiado en este planteamiento. Si acaso, las amenazas se agravan y nuestro perímetro de exposición crece exponencialmente ante la proliferación, en cantidad y calidad, de las que proceden del ciberespacio. Así pues, ahora es más necesaria que nunca la coordinación de todas las fuerzas que convergen (o deben converger) para nuestra protección.
De todos esos actores que han de unir sus fuerzas para proteger nuestra sociedad y nuestro modo de vida, hay uno especialmente obligado a hacerlo y es el sector privado de la seguridad. Presente en la protección activa de todo tipo de instalaciones y actividades, prestando servicios de cualquier índole, con personal especialmente preparado y usando medios técnicos puestos a su disposición por una industria muy avanzada tecnológicamente, sin olvidar la seguridad de nuestras empresas, la seguridad corporativa, verdadero motor del sector al que dinamiza con sus requerimientos de protección en las más variadas circunstancias.
Sector de la seguridad
En este punto, nos enfrentamos a un problema puramente conceptual: ¿cómo denominamos a este bloque de actores que contribuyen desde el sector privado a la mejora de la seguridad pública? En pura lógica, deberíamos hablar de seguridad privada; sin embargo, sucesivas leyes han circunscrito ese concepto en España a la actividad que desarrollan las empresas privadas de seguridad y su personal, y, por consiguiente, no abarca al sector en su conjunto, cuyo ámbito excede con mucho, en extensión y profundidad, al de las empresas de seguridad privada, delimitado expresamente por la ley.
Una vez más se echa en falta una doctrina común en el mundo de la seguridad y, como tantas veces sucede, nos adentramos en un espacio que o carece de nombre propio o ha evolucionado sin criterios comunes, dando lugar a tantas denominaciones como observadores. En este sentido, en la Fundación Borredá, conscientes de la necesidad de llevar a cabo una labor didáctica para acuñar y fijar términos de uso general que faciliten la delimitación de funciones y ámbitos, asumimos el rol de laboratorio de ideas al servicio de esa pretendida doctrina común.
Desde esa posición, es fácil inferir que la situación en que un conjunto de actores privados actúa en beneficio del interés público tiene una notable similitud con la sociedad civil, en tanto que ésta constituye una agrupación de ciudadanos que actúan para tomar decisiones en el ámbito público yendo más allá de la acción del propio Estado. Si nos trasladamos al ámbito de la seguridad, surge enseguida el concepto de “seguridad civil«, en claro paralelismo con el de «sociedad civil”, para hacer referencia a la intervención de la iniciativa privada en la seguridad pública, más allá de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por otra parte, el término no es nuevo: el programa Horizonte Europa contempla en su tercer pilar la creación de un clúster para apoyar a la Unión Europea ante los grandes retos de seguridad a los que se enfrenta, generando un sector industrial de la seguridad civil más competitivo.
Así pues, proponemos y utilizamos el concepto de seguridad civil para designar al “conjunto de actividades desarrolladas por personas, organizaciones e instituciones privadas en el ámbito de la seguridad para complementar y reforzar la acción del Estado al dar respuesta a las demandas de una gran parte de la población”.
Por otra parte, es evidente que ese conjunto de actividades privadas es del máximo interés para la seguridad pública y, por ende, para la seguridad nacional y creemos que solo conociéndolo en profundidad se puede comprender la necesidad de proyectar sobre él una visión holística. Primero, para promover una cultura de concertación de esfuerzos entre los diferentes actores, porque en la defensa del interés superior, la seguridad, nadie puede hacer la guerra por su cuenta. Segundo, y muy especialmente, para hacer partícipe de esa misma cultura a la Administración, de forma que aborde la regulación de los diferentes ámbitos considerados desde una perspectiva global.
Dado que las amenazas tienen el mismo fin, desvirtuar nuestro orden y atacar la tranquilidad ciudadana, y solo se diferencian sustancialmente en el medio en el que se producen y en los instrumentos empleados, es imprescindible adoptar una visión holística sobre los diferentes actores para crear un marco de relación entre ellos que fortalezca las sinergias, optimizando su contribución al fin común.
Aportación del sector privado
Desde la Fundación Borredá hemos querido contribuir a este propósito llevando a cabo un profundo estudio sobre la aportación del sector privado a la seguridad pública, en el que hemos contado con la colaboración de destacados profesionales en cada uno de los espacios analizados. Además de constituir un extraordinario documento de consulta, la simple lectura de su contenido proporciona una visión nítida sobre las interdependencias y conexiones que existen entre ellos y abre la puerta a la identificación de numerosas oportunidades de mejora.
Estudiando espacios formalmente inconexos como la seguridad privada, la ciberseguridad, la seguridad corporativa o la industria y tecnología de la seguridad, se toma conciencia de su condición de socios en la empresa común de nuestra protección, para los que es preciso crear el modelo de coordinación más eficiente en la práctica, cuyo diseño, en sus principios básicos, debe abordarse con una perspectiva global desde la regulación. En este sentido, la seguridad civil debe constituir el marco en el que todas las disciplinas se sientan integradas.
Pocos avances reales cabe esperar del momento histórico que vivimos; sin embargo, los cambios legislativos impuestos desde la Unión Europea, nos ofrecen una magnífica oportunidad para construir un sistema de seguridad pública en el que la seguridad civil pueda integrarse plenamente, de hecho y de derecho, sumando primero sus propias capacidades, para añadirlas después al conjunto del sistema.
¡Ojalá no sea otra oportunidad perdida!
