Las reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el uso de sistemas de videovigilancia continúan en aumento. El año pasado se presentaron un total de 2.843 requerimientos de este tipo, que representan un 29 por ciento más que en 2022. Se trata de una tendencia que continúa respecto a ejercicios anteriores y que, según prevé el organismo supervisor, irá a más en los próximos años, especialmente en el ámbito de las comunidades de vecinos o viviendas particulares. No en vano, la agencia hace referencia en su Memoria Anual 2023 a diferentes casos de instalación de cámaras en pisos turísticos.
Además del aumento de reclamaciones, la videovigilancia está situada como el área que mayor número de procedimientos sancionadores recibe y, de hecho, representa el 33 por ciento del total (169 procedimientos). No obstante, no todos esos casos acabaron en multa y, de hecho, la videovigilancia no es el área que más sanciones motivó, sino que fueron las brechas de datos personales.
Reclamaciones más allá de la videovigilancia
La Memoria Anual 2023 de la AEPD recoge los datos de reclamaciones y procesos sancionadores de muchas más áreas. Las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos el año pasado correspondieron a: recepción de publicidad no deseada (+114%), servicios de internet (+30%), videovigilancia (+29%), comercio, transporte y hostelería (+66%) y las relacionadas con entidades financieras/acreedoras (+78%).
En total se resolvieron 419 procedimientos sancionadores, de los cuales, además de la videovigilancia, los que mayor volumen tuvieron fueron los servicios de internet (14%), los procedimientos relacionados con las Administraciones Públicas (6%) y la publicidad (6%).
La Agencia dictó un total de 367 multas, relacionadas principalmente con las brechas de datos personales (que alcanzaron cerca de 13 millones de euros), entidades financieras/acreedoras (que superaron los cinco millones); derechos de protección de datos (más de 2,6 millones de euros); contratación fraudulenta (más de 2,5 millones); telecomunicaciones (casi dos millones de euros) y servicios de Internet (algo más de un millón euros). Estas seis áreas supusieron el 89 por ciento del importe global de sanciones, que ascendió a 29.817.410 euros en 2023.
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