Quienes en su desempeño profesional hayan tenido la ocasión de participar en alguna reunión en la sede del instituto alemán de normalización (Deutsches Institut für Normung) y utilizar el ascensor, probablemente habrán notado, con cierta sorpresa, que el suelo está marcado por rectángulos de diferentes tamaños, evocando el cubismo de las primeras décadas del siglo XX.
Basta una mirada más detenida para constatar cómo el propio acrónimo que define a la organización (DIN) y la designación de la serie principal de formatos y tamaños normalizados para papeles de escritura, que quiere representar cada tipo de rectángulo (A3, A4 según la norma UNE-ISO 216), reflejan una de las contribuciones más prácticas de la estandarización a nuestra vida cotidiana.
La aceptación generalizada de normas como la UNE EN-ISO 9001 y la creciente presencia de estándares internacionales y europeos en todos los ámbitos de actividad son ejemplos claros de la influencia creciente de la definición de niveles uniformes de calidad y de patrones o modelos de referencia para la prestación de servicios, incluidos los de seguridad privada.
Papel de las normas
En este contexto, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, destaca de manera evidente el papel que pueden desempeñar las normas. Esto se debe a que su exposición de motivos no solo hace referencia a su más relevante elemento legitimador al aludir a que «en su elaboración se alcanza un alto grado de consenso entre los principales actores interesados», sino que explícitamente alude a que «constituyen una referencia para mejorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios».
La importancia de esta norma radica en la posibilidad de guiar a los clientes de la seguridad privada en diferentes criterios clave para seleccionar un proveedor de alta calidad
Durante años, dentro de la Asociación Española de Normalización (UNE), el Comité de Normalización de UNE CTN-UNE 108 ‘Seguridad física y electrónica. Sistemas de protección y alarma’, bajo la secretaría de la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES), ha trabajado intensamente en un ámbito de actuación que comprende los materiales, elementos y sistemas de detección, alarma y supervisión relativos a la protección de personas y bienes. No obstante, desde hace más de 15 años, el Grupo de Trabajo Temporal GET-UNE 17 ‘Servicios de Seguridad Privada’, ahora transformado en el Subcomité CTN-UNE 196/SC 5, cuya secretaría ostenta la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), ha seguido diversas iniciativas internacionales y europeas, definiendo parámetros diferenciales para proveedores de servicios de seguridad privada, especialmente en la protección de infraestructuras críticas. Un subcomité que cuenta con representantes de proveedores, usuarios y la administración reguladora, asegurando así la consideración de todos los intereses relevantes.
Infraestructuras críticas
En este contexto, surge en el Comité Europeo de Normalización (CEN) la serie de normas EN 17483, cuyo primer resultado (EN 17483-1) es una norma de calidad certificable para las empresas de seguridad privada que protegen infraestructuras críticas. Esta, especifica los requisitos de servicio para la calidad de la organización, los procesos, el personal y la gestión, cubriendo:
- Criterios que el proveedor debe cumplir, como la estructura de gestión, recursos humanos, salud y seguridad, capacidad operativa y financiera, gobernanza empresarial o seguridad informática.
- Requisitos contractuales, incluida la responsabilidad, cooperación con otras partes, subcontratistas y trabajadores contratados.
- Requisitos para el personal, como términos y condiciones de empleo, control de seguridad, contratación, selección o formación.
- Aspectos de prestación de servicios y acuerdos de nivel de servicio.
Nos encontramos, por ello, ante una norma cuya importancia radica, entre otros aspectos, en la posibilidad de guiar a los clientes públicos y privados de seguridad privada a través de diferentes criterios clave de calidad para seleccionar un proveedor de alta calidad. Además, al ser una norma certificable, facilita la consideración en procesos de contratación públicos y privados, permitiendo especificaciones claras y detalladas de los requisitos a los licitadores y generando respuestas de mayor calidad.
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