Un vigilante de seguridad no es por ley un agente de autoridad. Pero si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisan su ayuda, la cosa cambia. Llegado el caso, el personal de seguridad privada bajo el mando de los agentes estatales queda reconocido como agente de autoridad. Es decir, puede considerarse como tal dentro del contexto específico en que surja la necesidad de su cooperación.

¿Hasta dónde llega la autoridad de un vigilante de seguridad?

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada considera «agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.” Por tanto, mientras el vigilante trabaje junto a las Fuerzas del Estado tendrá estatus de agente de autoridad, pero en el momento en que finaliza la operación, pierde esa condición.

Además, el artículo 11 de esta Ley regula cómo debe comportarse un profesional de la vigilancia y advierte que respetar siempre la Constitución Española. Y también indica que “el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles”.

¿En qué consiste el trabajo del personal de seguridad privada?

El cometido de un vigilante de seguridad lo describe el Reglamento de Seguridad Privada. A grandes rasgos, la labor de estos profesionales consiste en defender la propiedad y la integridad física de los clientes que les han contratado, pero la norma delimita las circunstancias de ese encargo.

No obstante, para asumir estas funciones el vigilante de seguridad debe recibir una habilitación del Ministerio del Interior. En resumen, hablamos de un profesional con una formación especializada y conocimientos técnicos, cuya puesta en práctica requiere la homologación por parte de las autoridades.

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