El sector de la seguridad privada atraviesa un momento crucial, marcado por la necesidad de avanzar en su profesionalización y consolidar su papel esencial en una sociedad en constante transformación. Durante el último año, se han logrado avances significativos, pero persisten retos importantes que requieren una visión a largo plazo para garantizar su desarrollo.
Uno de los hitos más destacados ha sido la implantación del título de Técnico en Seguridad en Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Este logro, pionero en la profesionalización del sector, no solo eleva las competencias de los nuevos profesionales, sino que también mejora el reconocimiento de los servicios que se prestan. Es importante destacar y agradecer la iniciativa de estas comunidades autónomas, así como el compromiso de aquellos usuarios que ya colaboran activamente en la realización de prácticas en sus centros de trabajo. Este esfuerzo está marcando el camino hacia un sector más moderno, rejuvenecido y adaptado a las necesidades del mercado.
Sin embargo, esta modernización debe afrontarse en un entorno complejo, donde retos estructurales, como los tiempos de habilitación profesional, limitan la capacidad del sector para adaptarse de manera ágil a las demandas operativas. La agilización de procesos, como la obtención de la tarjeta de identidad profesional (TIP), es crucial para garantizar que las empresas puedan incorporar nuevo talento de manera eficiente, algo especialmente necesario para atender las demandas del mercado.
Además, las políticas de contratación pública representan un desafío crítico. La imposibilidad de actualizar los precios de los contratos públicos frente a incrementos de costes derivados de la normativa laboral genera tensiones económicas importantes. Un problema que se agrava ante la amenaza de la reducción de la jornada laboral, lo que podría desequilibrar aún más la sostenibilidad financiera de las empresas adjudicatarias y que exige una solución normativa.
Doctrina “Somoza”
Otro desafío significativo proviene de la bien conocida interpretación de la doctrina “Somoza”, que atribuye a las empresas entrantes la responsabilidad por las deudas salariales y de seguridad social de los trabajadores subrogados. Esta interpretación, derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018, sigue generando inseguridad jurídica y dificultades económicas adicionales para las empresas adjudicatarias. La persistencia de este problema pone de manifiesto igualmente la necesidad de una reforma normativa en este ámbito.
Por otro lado, las tecnologías emergentes están transformando la manera en la que operan las empresas de seguridad privada. La inteligencia artificial, por ejemplo, se presenta como una herramienta con un enorme potencial para mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, esta implementación debe ir acompañada de un marco ético que garantice el respeto a los derechos fundamentales y promueva un uso transparente y responsable de estas tecnologías.
De cara al futuro, el sector de la seguridad privada tiene ante sí una oportunidad única para consolidarse como un referente en formación, sostenibilidad y capacidad de adaptación. A través de la innovación, el fortalecimiento de las competencias profesionales, una firme apuesta por la diversidad y la colaboración con las administraciones, es posible construir un modelo de seguridad privada más competitivo, inclusivo y preparado para los retos del siglo XXI. Este esfuerzo colectivo permitirá no solo superar las amenazas actuales, sino también liderar la transformación hacia un sector más reconocido y esencial para la sociedad.
