El presidente Pedro Sánchez ha anunciado este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este proyecto permitiría a España alcanzar en 2025 el largamente postergado compromiso del 2% del PIB en gasto en Defensa, reclamado por la OTAN desde hace una larga década.
Historial del incumplimiento con la OTAN en gasto de Defensa
Fue en septiembre de 2014, en la Cumbre de Gales, siendo secretario general el danés Anders Fogh Rasmussen, cuando los líderes de la OTAN acordaron un Compromiso de Inversión en Defensa. Este documento requería a todos los países miembros incrementar su gasto de defensa al menos al 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). Este compromiso se consideró un paso crucial para reforzar la capacidad defensiva de la Alianza, a la luz de los ya crecientes desafíos geopolíticos.
Recordemos que la primera invasión rusa de Ucrania fue en 2014, cuando Putin se anexionó Crimea y cuando se desencadenó la guerra del Donbás, tras las protestas del Euromaidán de 2013 en Kiev. A partir de entonces se inició un periodo de escalada del conflicto ruso-ucraniano. Sin embargo, España se ha mantenido en el último lugar de la lista de países de la OTAN que honraron el Compromiso aumentando su gasto en Defensa. Hasta el 22 de abril de 2025, día en que Pedro Sánchez ha proclamado que: «Nuestro objetivo es modernizar las capacidades de seguridad y disuasión de España y Europa con una perspectiva integral de 360º, aunque nosotros no elegimos esta coyuntura internacional.» El presidente asegura que España afrontará el escenario global prebélico «con inteligencia estratégica, justicia social y lealtad».
En una apostilla dedicada presumiblemente a sus socios de coalición, Sánchez hace saber que “España es un país pacifista, pero que cree en la disuasión”. Según el presidente, en un contexto internacional complejo, invertir en seguridad es también invertir en libertad, empleo y tecnología.
¿Qué es el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa?
El plan se articula en torno a cinco ejes fundamentales, integrando seguridad, reindustrialización y liderazgo tecnológico. Un 35% de la inversión se destinará a mejorar las condiciones laborales de la tropa y marinería, mientras que un 31% reforzará las capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad, con modernización de sistemas cifrados, satélites, inteligencia artificial, 5G y computación cuántica. Además, un 15% se dedicará a nuevos equipos de defensa y disuasión, un 17% a apoyo en emergencias y desastres naturales y un 12% al refuerzo de la seguridad en misiones internacionales.
Para financiar los 10.471 millones de euros de inversión previstos, el Ejecutivo asegura que no será necesario aumentar impuestos ni comprometer el gasto social. Los fondos procederán de los recursos europeos Next Generation, los ahorros derivados de una gestión económica responsable y los nuevos instrumentos financieros europeos.
La repercusión económica y social sería notoria, indudablemente, ya que el 87% de la inversión se quedaría en España, creando 100.000 empleos, de los que 36.000 serían directos en el sector. Además, se prevé un incremento del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos y un impulso del 18% en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Dadas las incontables virtudes del proyecto, parece razonable preguntarse por qué España ha precisado una colosal presión internacional —durante más de una década— para ponerlo en marcha.
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