La seguridad nacional es cada vez más compleja debido a la modernización y los riesgos inherentes a la globalización. Es este contexto, el preámbulo de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, cita lo siguiente: “Es cada vez mayor la dependencia que las sociedades tienen del complejo sistema de infraestructuras que dan soporte y posibilitan el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en general”.
Este hecho muestra claramente la importancia de tener especialmente protegidas estas infraestructuras para asegurar su normal funcionamiento. Es además reseñable la importancia de la interdependencia entre sí de las mismas, lo que confiere una complicación añadida en base a una posible cascada de fallos, agravando cualquier situación de crisis.
Buen ejemplo de la importancia del aseguramiento de las infraestructuras críticas es claramente visible durante la crisis sanitaria que estamos sufriendo, derivada de la pandemia originada por el COVID-19.
En estos momentos de crisis deben intensificarse las medidas de protección de las infraestructuras críticas, incluyendo las instalaciones de PCI
Y es ahora precisamente cuando tanto las empresas como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) tienen que dar el máximo. Tanto es así que, con motivo del real decreto por el que se declara la situación de estado de alarma por el coronavirus, el Ministerio del Interior ha emitido una orden por la que se establecen criterios de actuación para las FCS, entre los que destacan las medidas de apoyo a los operadores críticos y de servicios esenciales.
En ese sentido, la orden indica: “Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se prestará el apoyo que se requiera para asegurar la prestación de los servicios esenciales para la sociedad por parte de aquellos operadores críticos identificados en aplicación de la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas”.
En estos momentos de crisis es cuando se deben intensificar todas las medidas derivadas de los protocolos de actuación específicos para las infraestructuras críticas, incluyendo en las mismas las instalaciones de protección contra incendios (PCI), dada su vital importancia para el aseguramiento del normal funcionamiento de dichas infraestructuras ante el riesgo de un posible conato de incendio.
Las instalaciones de PCI son un elemento muy importante a tener en cuenta en la gestión de riesgos de cara a prevenir siniestros parciales o totales, con la finalidad de evitar, controlar y reducir o mitigar daños derivados de posibles incendios.
Las instalaciones de PCI en este tipo de infraestructuras deberían ser ejemplares desde la concepción de los sistemas bajo un buen estudio de riesgos (un enfoque sistemático difiere, en este sentido, sobre todo en lo que se refiere a la integración de los posibles riesgos), con un diseño basado en normativas de reconocido prestigio, con una instalación modélica que haga hincapié en la calidad de la ejecución y materiales empleados, un mantenimiento exigente y exhaustivo, bien realizado el procedimiento a la vez que documentado, y con unas rigurosas inspecciones regulares. Todo ello de la mano de empresas con un alto grado de especialización y concienciación en seguridad.
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