Desde su punto de vista, ¿qué nuevas actividades cree que pueden surgir para los servicios de vigilancia tras la salida de la crisis del COVID-19?
La salida del COVID-19 podría interpretarse como la entrada a un nuevo paradigma de necesidades de protección de las personas. La crisis sanitaria está siendo un caldo de cultivo de experiencia, reflexiones, conclusiones e ideas sobre qué medidas y procedimientos son los más adecuados a poner en práctica.
En los últimos años, los servicios de vigilancia se han reconvertido en servicios donde los criterios que predominaban son la optimización de costes, la aplicación de la tecnología y la gestión a distancia desde centros de control avanzados. Las nuevas necesidades que plantea una crisis sanitaria de este tipo están más cerca de la capacidad de prevención, mitigación y reacción que muy probablemente requieran retomar los servicios prestados por vigilantes in situ. Entre otros motivos porque las actuaciones que se requerirán son las propias de personal habilitado en servicios de seguridad, tales como la identificación de personas mediante carnet de identidad, el registro y el uso de tecnologías de captación de datos personales combinados con videovigilancia.
En conclusión, las nuevas actividades que se generarán a raíz de esta crisis sanitaria irán relacionadas estrechamente con las medidas en materia de prevención de riesgos laborales de cada una de las instalaciones donde haya servicios de vigilancia.
¿Cómo cree que afectará esta crisis sanitaria a los servicios de seguridad privada, en términos generales?
Durante la actual situación de crisis sanitaria, y una vez que se pueda considerar su fin, se deberían mantener y en algunos casos incrementar las demandas de servicios de seguridad privada en sus diferentes modalidades. Para los profesionales de seguridad es de sentido común pensar que, ante el incremento de un riesgo de estas características, se añadan más medidas para mitigarlo.
Pero bien es cierto que la crisis conlleva daños colaterales en la economía que quizás no permite a las empresas llevar a cabo todas las iniciativas que se hayan planteado. Nos encontramos, por tanto, en un momento de incertidumbre en cuanto a cuáles serán las prioridades de inversión de los empresarios y de los organismos públicos para, por un lado, recuperar su economía, y por el otro, salvaguardar la salud de sus trabajadores y de los ciudadanos mediante la contratación de servicios de seguridad privada.
Es indudable que la crisis sanitaria ha afectado a la seguridad privada, dependiendo del sector al que estuvieran dando servicio. Ahora bien, una vez finalizada la crisis del COVID-19, la seguridad privada volverá a los niveles de facturación anteriores, dado que su participación va a ser imprescindible en la recuperación de las actividades que fueron anteriormente paradas en seco. Aunque esta recuperación será gradual y ajustada a los planes de desescalada correspondientes.
