Después de estos meses en los que la terrible pandemia del COVID-19 nos ha ocupado en la gestión de la incertidumbre como nunca antes habíamos experimentado a todos los niveles, necesitamos que todo vaya retomando la normalidad deseada, aunque debamos asumir algunas limitaciones que incorporaremos como lecciones aprendidas.
Una de las cuestiones que parecen someterse a revisión es la utilización de dinero en efectivo, sin que parezca existir una línea de clara de actuación. En efecto, el uso del efectivo ha fluctuado entre ser un objeto de deseo, como lo prueba el importante incremento de los billetes en circulación en el mes de marzo, a considerarse un posible foco de contagio del COVID-19, lo que motivó la recomendación del gobierno a los ciudadanos de evitar, en la medida de lo posible, la utilización del efectivo.
A este respecto, hay que señalar que tanto los Bancos Centrales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han desmentido la existencia de ese riesgo, asegurando, en base a estudios elaborados al efecto, que la manipulación de billetes no plantea mayor riesgo de infección que otras superficies como el plástico o el acero. En consecuencia, creemos necesario llamar la atención sobre el perjuicio que pueden estar ocasionando estas recomendaciones legales, no solo al tejido empresarial, sino a miles de trabajadores y millones de ciudadanos.
Consideramos desaconsejable restringir, limitar y discriminar el uso del efectivo frente a otros medios de pago
Así pues, sentado el hecho de que no puede sostenerse objetivamente la existencia de riesgo de contagio del virus COVID-19 por la manipulación de dinero en efectivo, consideramos importante la defensa de su utilización como medio de pago por algunas importantes razones.
Socialmente, no podemos generar cambios en los usos sociales a tal velocidad que conlleven la exclusión de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad respecto a tales cambios: los menores de edad o nuestros mayores/pensionistas, tremendamente castigados ya por la pandemia; por no hablar de la brecha que se generaría en el ámbito rural, por la falta de hábito en la utilización de los medios de pago electrónico o incluso por la carencia de TPV en numerosos comercios.
Igualmente, debe tenerse en cuenta el aumento de los costes para el comercio o la hostelería, así como los problemas de seguridad que generaría la falta de formación en el uso indiscriminado de sistemas de pago electrónico.
Ciñéndonos a nuestro ámbito de actuación, el sector de la seguridad privada, debemos recomendar a las autoridades que, antes de adoptar ninguna medida con impacto en el uso del efectivo, valoren el perjuicio que, además de los señalados anteriormente, se ocasionaría a las empresas y profesionales que tienen en la gestión del efectivo su medio de vida. Precisamente en un momento en el que la sangría de las cifras del paro no ha hecho más que empezar, no puede dañarse un sector que se ha revelado esencial, con independencia de que ya formara parte del sector financiero en el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas de nuestro país.
Archivado en:
