El Observatorio Sectorial de la Seguridad privada ha mostrado su preocupación ante la reducción de los servicios una vez finalizado el estado de alarma. La agrupación considera que recortar la prestación de actividades como la vigilancia supone un riesgo a la hora de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios durante la desescalada del COVID-19 y en adelante.
En ese sentido, el Observatorio plantea a modo de ejemplo el contrato de seguridad privada de instalaciones e infraestructuras de Adif, que fue adjudicado en noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses. «Desde el día 1 de junio, Adif ha efectuado unilateralmente un primer recorte de varios millones de euros sobre el importe de adjudicación inicial, lo que supone una reducción en el número de vigilantes de seguridad que en alguna de las instalaciones ha afectado al 50 por ciento de la plantilla asignada, y de media entre el 20 y el 25 por ciento de la plantilla total», explica la agrupación en un comunicado.
El Observatorio considera que con esa merma del servicio será «difícilmente asumible y poco eficaz» controlar que se cumplen los protocolos sanitarios por el coronavirus a medida que aumente el número de usuarios de transporte público.
En duda el modelo de contratación pública
Asimismo, el Observatorio sostiene en su comunicado que «este tipo de decisiones vuelven a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso ante el riesgo de recortes durante la propia ejecución de los contratos».
El Observatorio muestra además su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en la seguridad privada tras finalizar el estado de alarma.
También advierte de «la incertidumbre generada por este recorte económico en las empresas prestadoras de servicio, con un presupuesto comprometido y las inversiones ya realizadas para asegurar el servicio».
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada está compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO, así como la organización patronal Aproser.
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