El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha advertido, a través de un comunicado, del riesgo que supone la reducción de los servicios de seguridad y vigilancia tras la finalización del estado de alarma. Estos recortes impedirían, según afirma, garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios.
De hecho, esta organización no solo alerta de la necesidad de no rebajar los efectivos de seguridad privada tras el estado de alarma en las instalaciones en las que se deba garantizar la seguridad. Sino que, en algunos casos, es necesario mantener o incluso ampliar su número para adaptar sus servicios a las nuevas medidas de control.
El caso de Aena
Desde el Observatorio destacan especialmente el caso de Aena. “Las entidades públicas no deben utilizar la crisis económica, fruto de la pandemia, para recortar en sus aeropuertos el número de vigilantes de seguridad privada existente con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria”, denuncian.
Y es que la apertura del espacio aéreo puede suponer, además de una reactivación económica, una fuente de contagios. Por ello, esta vuelta a la normalidad ha de conllevar el incremento de los efectivos de seguridad, según continúan desde el Observatorio. Todo ello, con el objetivo de garantizar tanto las anteriores como las nuevas necesidades de seguridad surgidas en las instalaciones aeroportuarias. En definitiva, reducir los servicios significaría, para dicha entidad, rebajar el nivel de seguridad en un momento clave.
Regreso al trabajo de la seguridad privada
No cumplir con estas medidas dificultaría, según continúan desde la organización, el regreso al trabajo del personal de seguridad privada acogido a una suspensión temporal de contrato tras el cierre de las instalaciones durante el estado de alarma.
“Durante años, la seguridad privada ha demostrado con éxito su capacidad en la prevención de situaciones de riesgo en este tipo de instalaciones. Y ha sabido adecuar sus funciones con rapidez a las nuevas realidades”, complementan.
Finalmente, el Observatorio define a la recuperación del empleo, la asunción de nuevas funciones y el incremento de la seguridad como objetivos inaplazables. Algo que, en su opinión, dista del actual debate sobre los contratos a la baja, reducciones de servicios y pérdida de empleo y garantías.
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