Este lunes comenzarán a trabajar las más de 3.000 personas que desempeñarán funciones de seguridad privada en las playas andaluzas. Estos auxiliares serán los encargados de desempeñar funciones propias de vigilantes de seguridad en dichos enclaves a raíz de la crisis del coronavirus.
Estos auxiliares realizarán, según atribuyó la Junta de Andalucía, labores relacionadas con el control de acceso y aforo de las playas. Y también informarán a los usuarios en materia de emergencias y protección civil. Además, harán cumplir el plan de contingencia establecido por cada ayuntamiento.
En resumen, estas personas, procedentes del paro, se encargarán de garantizar la seguridad de los bañistas, vigilar las distancias de seguridad, controlar los accesos y el aforo y comunicar a la policial local las posibles incidencias. Así lo determina el Plan de Playas Seguras de Andalucía, que concluirá el 15 de septiembre. Por lo tanto, los auxiliares de seguridad desempeñarán sus funciones cerca de tres meses. De hecho, algunas playas de Cádiz contarán en breve con su presencia.
Sindicato y patronal, en contra de esta medida
Todas estas actividades se encuentran reguladas actualmente por la Ley de Seguridad Privada. Es por ello que desde las secciones andaluzas de APROSER y de FeSMC-UGT, cuando se conoció la noticia, se mostraron en contra de esta medida. Ambas organizaciones mostraron su sorpresa porque la Junta de Andalucía optara por esta idea en detrimento de los profesionales de la seguridad privada para realizar estas tareas en las playas.
APROSER y de FeSMC-UGT también consideraron que la opción elegida para vigilar las playas de Andalucía impide el acceso al mercado laboral del personal de seguridad privada en desempleo.
Patronal y sindicato recordaron, asimismo, que los vigilantes de seguridad han realizado «una labor encomiable» a la hora de garantizar el control de aforo y la distancia social durante el COVID-19.
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