En España, los conceptos de defensa propia y defensa legítima están relacionados, pero poseen matices legales y prácticos que los distinguen. Ambos términos se enmarcan en el ámbito del derecho penal y están diseñados para justificar la actuación de una persona que, enfrentada a una agresión, actúa para proteger su vida, integridad o bienes. Sin embargo, su alcance y requisitos específicos varían.
Qué es actuar en defensa propia
Este concepto de la defensa individual tiene un sentido más amplio y coloquial. Alude a cualquier acción que una persona toma para protegerse de un ataque o amenaza inmediata. Puede incluir desde escapar de una situación peligrosa hasta utilizar medios físicos para neutralizar a un agresor. Aunque es una reacción natural, los actos realizados en defensa propia no son todos automáticamente justificables desde el punto de vista legal.
Qué es la legítima defensa
Por otro lado, la modalidad legítima es un concepto estrictamente jurídico recogido en el Artículo 20.4 del Código Penal español. Este artículo establece que una persona no será penalmente responsable si actúa en autodefensa de manera justificada, siempre que se cumplan tres requisitos fundamentales: primero, que exista una agresión ilegítima, es decir, un ataque no justificado; segundo, que la defensa sea necesaria para repeler o evitar el daño; y tercero, que la respuesta sea proporcional a la agresión sufrida.
Diferencias entre ambas
La proporcionalidad es el elemento clave que diferencia la defensa legítima de otros actos autodefensivos. Por ejemplo, si alguien utiliza una fuerza excesiva en respuesta a una amenaza menor, podría perder la eximente y enfrentarse a consecuencias legales.
En resumen, mientras que la defensa propia describe cualquier intento de protegerse, la defensa legítima es una figura legal que justifica ciertas acciones específicas bajo condiciones muy precisas. Comprender esta distinción es esencial para actuar conforme a la ley en situaciones de peligro.
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