En un comunicado conjunto del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, estas organizaciones han reiterado su reconocimiento expreso a la labor de los miles de vigilantes de seguridad privada que hay en España. Unos profesionales que, según afirman, han realizado una “encomiable labor” desde la declaración del estado de alarma y contribuido, al igual que otros servicios esenciales, a preservar la seguridad de los ciudadanos.
Como efecto derivado de esta nueva situación, se ha generado un incremento puntual de servicios en ciertos ámbitos, como en el abastecimiento de alimentos o de centros hospitalarios, entre otros. Sin embargo, este hecho, a juicio de dichas organizaciones, no ha podido ni podrá compensar a corto plazo un “importante descenso” en la demanda de los servicios tradicionales de seguridad privada.
España ha iniciado un proceso de vuelta a la actividad en el que los ciudadanos deben cumplir medidas como el distanciamiento y la reducción de los aforos. Unas exigencias que para el Observatorio suponen un nuevo reto para volver a demostrar a la sociedad el valor añadido de los profesionales de la seguridad privada en este nuevo contexto, siempre al amparo de las funciones que la ley les atribuye expresamente.
Capacitación
En este contexto, según afirma la propia organización sectorial, la seguridad privada estaría capacitada para diversas actividades. Entre ellas, y de acuerdo con los parámetros que puedan establecer las autoridades sanitarias en relación con los niveles de temperatura indiciarios de sufrir un contagio, incorporar esta actividad y aquellas necesarias en los controles de acceso públicos o privados. Un proceso que, en palabras del Observatorio, debe llevarse a cabo con las máximas garantías de protección de los trabajadores implicados en esta función y que garantice la privacidad de los usuarios. Algo que ya ha sido expresamente contemplado por las autoridades administrativas responsables del control de la actividad del sector como medio técnico complementario de las medidas de seguridad ya existentes.
Las nuevas exigencias surgidas con la pandemia suponen un nuevo reto para demostrar el valor añadido de los profesionales de la seguridad privada
Por otro lado, estos profesionales podrían extrapolar, dentro de los principios marcados por el artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada y de otras disposiciones legales y donde organizativamente sea posible, las “exitosas” experiencias sobre limitación de accesos o distanciamiento entre usuarios llevadas a cabo en las redes de infraestructuras de transporte o en los supermercados.
En opinión del Observatorio, existen diversos entornos (como playas, parques y zonas de esparcimiento) en los que es factible que las autoridades competentes autoricen servicios complementarios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un retorno más seguro a la plena actividad.
Por último, entre las capacidades señaladas también destaca desempeñar nuevos servicios en sectores especialmente afectados por esta crisis sanitaria y que precisen un reforzamiento y una mayor visibilidad de sus sistemas de protección. Ejemplo de ello serían el turismo, los centros culturales y deportivos o la hostelería. Sectores que, a juicio del Observatorio, deberían contar con el necesario apoyo legislativo y financiero de las autoridades públicas para poder prestarse eficazmente.
Este incremento de empleabilidad, al margen del “evidente incremento de seguridad para los ciudadanos”, podría permitir el retorno al empleo de miles de trabajadores del sector actualmente afectados por ERTE. A corto y medio plazo esto supondría un refuerzo “imprescindible” para mantener el nivel de empleo existente con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Solicitud
Por todo ello, el Observatorio Sectorial solicita que las autoridades públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales y aplicando una interpretación “razonable” de las normas vigentes, realicen sus mejores esfuerzos para facilitar que el potencial del sector de la seguridad privada pueda desplegarse con mayor alcance y eficacia en este nuevo periodo de vuelta a la normalidad.
Asimismo, requiere que se tomen todas las medidas necesarias que permitan al sector ofrecer a la sociedad los servicios de seguridad que en este momento requiere. Y que contribuyan a “impedir los cuestionamientos negativistas de ciertas organizaciones, alguna incluso supuestamente integrante de la seguridad privada”, continúa, “cuyos objetivos cortoplacistas de búsqueda de notoriedad están poniendo en duda la idoneidad de los vigilantes de seguridad para llevar a cabo nuevas funciones, primando esta actitud frente al objetivo irrenunciable de preservar y potenciar la seguridad y la salud del conjunto de la ciudadanía”. De lo contrario, asegura el Observatorio, “no solo no se facilitaría en la medida de lo actualmente posible el mantenimiento del nivel de empleo de los profesionales del sector de la seguridad privada, sino que también se dificultaría su retorno al mundo laboral en actividades que acabarían siendo desarrolladas con menores garantías de éxito y por personal menos regulado, preparado y cualificado”.
Archivado en:
