A expensas de la formación de un nuevo Gobierno en España, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada (compuesto los sindicatos FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO y la organización empresarial Aproser) ha planteado una serie de prioridades en materia de seguridad privada que a su juicio debería emprender tanto el nuevo Parlamento como el nuevo Ejecutivo. El objetivo de estas propuestas es avanzar en el desarrollo de un sector “socialmente responsable, respetuoso con los derechos de los trabajadores, que permita garantizar un servicio de calidad a los usuarios y que garantice la supervivencia de las empresas”.
La primera de las que plantea el Observatorio es reconsiderar la regulación del régimen de sucesión de empresas en el Estatuto de los Trabajadores. Para los miembros de este órgano, hace falta diferenciar claramente aquellos casos en los que la sucesión esté motivada por la adquisición de una compañía, de otros en los que la subrogación responda a un cambio de contrata. En ese sentido, propone establecer mecanismos de responsabilidad subsidiaria de los clientes que les obliguen a exigir a sus proveedores el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios.
Descuelgues salariales
Por otro lado, el Observatorio considera prioritario actualizar el Estatuto de los Trabajadores para impedir la utilización de los descuelgues salariales, así como para limitar la prioridad de los convenios de empresa cuando rebajen los derechos de los trabajadores. Para los agentes sociales, “no pocas empresas” están recurriendo a convenios propios que menoscaban los derechos laborales y favorecen la competencia desleal.
La tercera propuesta es modificar la Ley de Desindexación y su referencia en la Ley de Contratos del Sector Público para permitir a las compañías modificar los precios de los contratos cuando se produzca “un incremento de los costes laborales imprevisible, derivado de una norma legal o reglamentaria”. Desde el punto de vista del Observatorio, estos aumentos salariales “no pueden hacerse a costa de un desequilibrio contractual de las empresas” al no poder revisar los precios de los contratos públicos firmados con anterioridad.
El cuarto punto precisa la necesidad de extender la aplicación de los contratos de relevo para establecer “un mecanismo equilibrado de jubilación anticipada para determinadas categorías profesionales, en función de la valoración de los riesgos”. De esta manera, el Observatorio trata de afrontar los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional que afecten al sector de la Seguridad Privada.
Apostar por la solvencia
El órgano sectorial valora de manera muy positiva la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto que prima la calidad sobre el precio de las contrataciones. No obstante, apunta que es preciso desarrollarla reglamentariamente para intensificar las exigencias del proceso de clasificación de las empresas licitadoras para garantizar su solvencia económica. Igualmente plantea impulsar una campaña que incida “en la utilización de auténticos requisitos cualitativos” vinculados a la contratación socialmente responsable y a la prestación de un servicio complementario a la seguridad pública.
Otro aspecto prioritario para el Observatorio es la aprobación de un nuevo borrador del Reglamento de Seguridad Privada que “permita desplegar las potencialidades que la seguridad privada puede aportar a los ciudadanos, respetando los derechos de los trabajadores y garantizando la actividad de las empresas responsables”. Los agentes sociales consideran que el único borrador que se ha sometido hasta ahora a información pública “comprende cuestiones inaceptables para el sector”.
Finalmente, el Observatorio cree que la falta de un nuevo Reglamento de Seguridad Privada no es óbice para que el Ministerio de Educación culmine el proceso iniciado en 2017 que daría lugar a un modelo de formación profesional. El objetivo es que los futuros profesionales del sector “puedan contar con las capacidades y habilidades precisas que exigen los nuevos retos de la seguridad privada”.
Medidas para avanzar
Para las entidades integrantes del Observatorio, todas estas medidas son “esenciales” para conformar un sector más profesional y que aporte más valor añadido a los ciudadanos. “El sector tiene una negociación compleja, pero las entidades del Observatorio nos hemos puesto de acuerdo para defender conjuntamente aquello en lo que estamos de acuerdo”, afirmó Ángel Córdoba, presidente de Aproser, en un encuentro de los miembros del Observatorio con Seguritecnia para hablar de estas medidas.
Los cambios implican un cambio normativo y del Estatuto de los Trabajadores, así como de la actuación de la Administración a la hora de contratar empresas de seguridad privada. En ese sentido, Diego Giraldez, representante de FeSMC-UGT, sostuvo que “la Administración sigue sin aportar una solución garantista” a la contratación de empresas que no se ajustan a la buena praxis. En ese sentido, consideran necesario que la Administración apueste decididamente por la calidad de la oferta y por compañías que realmente sean solventes y respeten los derechos de sus trabajadores.
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