Varias agrupaciones de seguridad privada han mostrado su rechazo a las medidas del proyecto de Ley de Medidas Contra el Fraude encaminadas a limitar las cantidades de los pagos en efectivo. FES-UGT, FTSP-USO, Aproser y Asecops han emitido un comunicado en el que consideran «un ataque» la propuesta de no poder pagar en metálico bienes o servicios por encima de 1.000 euros.
Si bien estas organizaciones muestran su respaldo al espíritu de la ley para contribuir a la erradicación de la economía sumergida, consideran que «no hay ningún fundamento» para querer reducir los límites del pago del efectivo. «La experiencia de los países de nuestro entorno no demuestra que exista una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida», sostienen.
En todo caso, las cuatro entidades solicitan que la reducción de los límites para los pagos en efectivo sea más gradual en el tiempo y se haga de manera coordinada con la Unión Europea.
Pagos en efectivo: límite 1.000 euros
El proyecto de Ley de Medidas contra el Fraude se encuentra actualmente en fase de tramitación en la Comisión de Hacienda del Congreso. El texto propone disminuir de 2.500 a 1.000 euros el límite general de pagos en efectivo, lo cual «ya suponía un importante nuevo ataque a la consideración del efectivo como medio de pago».
El descontento de estas agrupaciones se ha visto agravado por las propuesta de varios partidos de endurecer esa restricción. Las entidades lamentan que ERC, MP y PSOE «hayan endurecido significativamente el alcance de dicha medida al incluir en su ámbito de aplicación todas las operaciones realizadas por las personas físicas que quieran pagar con efectivo bienes o servicios por valor superior a 1.000 euros».
De mantenerse los términos del proyecto de ley, estas organizaciones son partidarias de que queden excluidas del ámbito de la norma las operaciones comerciales realizadas por los particulares.
Diversas entidades de seguridad privada ha mostrado en varias ocasiones su malestar con la intención de limitar los pagos en efectivo y han advertido de las consecuencias negativas que tendría para la sociedad.
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