La facturación del sector de la Seguridad Privada alcanzó el año pasado 4.214 millones de euros, un 0,8 por ciento menos que el año precedente, según el último informe económico de Aproser. Unas cifras que dan cuenta del impacto de la pandemia del COVID-19 durante 2020, que supone cerrar en negativo tras cinco ejercicios de saldo positivo para el sector.
Las cuentas vienen lastradas fundamentalmente por la caída del transporte de fondos, que facturó un 19,9 por ciento (cerrando con 261 millones de euros) menos en relación con 2019. Una cantidad que contrasta con otros segmentos de actividad como el de Vigilancia, que creció un 0,9 por ciento hasta los 2.560 millones de euros, o el de Sistemas y Alarmas, que también experimentó un incremento del 0,5 por ciento hasta los 1.393 millones.
Procedencia del negocio
Los datos ofrecido por Aproser muestran que la procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios anteriores. El sector privado representa un 79 por ciento de la facturación del sector, frente al 21 por ciento del público. A su vez, la facturación de las administraciones públicas procede en un 50 por ciento de empresas públicas, el 20 por ciento de la Administración Estatal, el 19 por ciento de la Administración Autonómica y el 11 por ciento restante de la administración local.
En cuanto a los segmentos de demanda en Vigilancia, la asociación destaca los Servicios e Industria y Energía como principales segmentos, con un 17,9 y un 17,6 por ciento de la facturación. A continuación están las Infraestructuras de Transporte (15,9%) y el Comercio (15,5%).
Profesionales y empresas
El informe de Aproser hace mención a otras cifras como el número de vigilantes de seguridad privada en activo, que suman 85.700 (un 0,7% menos que en 2019). La edad media de estos profesionales es de 47 años y alrededor de 11.000 (13%) son mujeres.
El número de empresas distribuidas por toda España asciende a 1.586, de las cuales 1.361 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 202 por la Generalitat de Catalunya y 23 por el Gobierno Vasco.
Archivado en:
