La progresiva reactivación de la economía, acorde con la desescalada, se ve reflejada en la fuerte recuperación de la actividad en los cajeros automáticos. De acuerdo con los datos de las empresas de transporte de fondos, las retiradas de dinero en efectivo en cajeros han recuperado un 50 por ciento de su actividad respecto a las semanas iniciales del confinamiento. Aunque todavía no se ha vuelto a los niveles pre-COVID.
Y es que, según Aproser, el dinero en efectivo representa un elemento fundamental del sistema económico. Por ello, desde esta organización se advierte sobre las consecuencias actuales y futuras de su discriminación negativa experimentada durante el estado de alarma. Distintas instituciones y organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, han reiterado que, con las adecuadas medidas de higiene, la utilización de dinero en efectivo no conlleva un mayor riesgo de contagio que otros materiales, como el plástico de la tarjeta o el terminal del punto de venta. Todos ellos han acompañado estos hechos de múltiples argumentos técnicos y científicos.
Desde Aproser también se señala que el dinero en efectivo es el único medio de pago universal e inclusivo. Además, favorece la confianza de un gran número de ciudadanos, tal y como confirman los datos del Barómetro sobre Hábitos y Percepción de los Ciudadanos respecto al Pago en Efectivo. Unos datos que señalan que un 74 por ciento de los españoles opta por el efectivo para hacer frente a sus gastos diarios. Especialmente para importes de menos de 20 euros, y principalmente en tiendas pequeñas o de barrio y en actividades de hostelería.
Peligros
Con la crisis del coronavirus se ha aprovechado para abrir un debate acerca de la supervivencia del dinero en efectivo. En este contexto, desde Aproser se recuerda que su desaparición tendría graves consecuencias para la sociedad. Y que favorecería la privatización de los medios de pago.
De hecho, buena parte de los ingresos de las entidades financieras se genera a través del cobro de comisiones por el uso de la tarjeta: los comercios tuvieron que afrontar en 2019 más de 661 millones de euros en concepto de comisiones por aceptar pagos con tarjetas.
Inclusión social
Para Aproser, y según ha manifestado el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, limitar el dinero en efectivo impactaría de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos. Personas cuyo nivel de bancarización es muy inferior. En particular, los más de tres millones de parados que existen en España y, en general, los 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por otra parte, afectaría también a los más de nueve millones de pensionistas, de los que más de dos millones viven solos. Este tipo de personas realizan, en su mayoría, sus pagos y operaciones comerciales mediante dinero físico. Además, dificultaría que la población más joven pudiera realizar cualquier compra habitual al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
En cuanto al comercio, incidiría en la competitividad de los pequeños, apuntan desde Aproser. El motivo es que estos se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago.
Y, en general, «condicionaría la libertad de aquellos ciudadanos que no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo».
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