El sector de la seguridad privada rechaza la idea de la Junta de Andalucía de contratar a desempleados para controlar las playas en verano, al entender que esas funciones deben realizarlas vigilantes acreditados.
El presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, anunció ayer la puesta en marcha de un plan, bautizado como «Playa segura», por el que se prevé contratar a cerca de 3.000 personas en paro para vigilar el litoral andaluz. Entre las funciones que llevarían a cabo se encuentran «garantizar la seguridad de los bañistas, la vigilancia para mantener las distancias de seguridad, controlar el acceso y el aforo, e incluso comunicar a la policial local las incidencias», según enumeró Moreno. Actividades todas ellas reguladas por la Ley de Seguridad Privada.
Reconsiderar la postura
Ante esta decisión, las secciones andaluzas de APROSER y de FeSMC-UGT apelan en un comunicado a la «reconsideración urgente de la medida propuesta». Ambas entidades han mostrado su sorpresa porque la Junta de Andalucía haya optado por esa fórmula en lugar de recurrir directamente a profesionales de la seguridad privada, que cuentan «con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujetos a un convenio colectivo estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley».
Patronal y sindicato entienden además que la opción elegida para vigilar las playas de Andalucía impide el acceso al mercado laboral del personal de seguridad privada que se encuentra en desempleo. Además, esta situación «incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía, que se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con servicios de seguridad privada de calidad acreditada en otros entornos».
Aproser y FeSMC-UGT recuerdan que los vigilantes de seguridad han realizado «una labor encomiable» a la hora de garantizar el control de aforo y distanciamiento social durante la crisis del coronavirus. Por ello, insisten en la necesidad de que la Junta de Andalucía se replantee su postura y se ofrecen a «compartir su conocimiento para poner en marcha una solución alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas».
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