Los delitos e incidentes de odio aumentaron en España un 6,8 por ciento en 2019 respecto al año anterior. En concreto, ascendieron a 1.706 hechos, frente a los 1.598 registrados en 2018. Así se desprende del último Informe de la Evolución de los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.
Por tipología, el ámbito que mayor número de delitos de odio registró fue el de «ideología». En concreto, se contabilizaron 596, con un aumento de un 1,9 por ciento respecto al año anterior. No obstante, el que más aumentó fue el de «racismo y xenofobia»: creció un 20,9 por ciento, pasando de 426 en 2018 a 515 en 2019.
Los otros dos ámbitos que más aumentaron fueron el de «orientación sexual e identidad de género», en un 8,6 por ciento, y el de «personas con discapacidad», en un cuatro.
Víctimas de los delitos de odio
El informe también refleja que la mayoría de las víctimas que sufren este tipo de delincuencia son hombres (un 64%). Y con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años (30,1%). Los menores de edad constituyen el 6,7 por ciento del total, una cifra similar a la de 2018.
Por su parte, los datos desglosados por nacionalidad, el 72,3 por ciento de las victimizaciones son españolas, mientras que la cifra de víctimas extranjeras representa un 27,7 por ciento.
En cuanto a quién comete estos delitos, principalmente son hombres (83%). La mayoría de los autores tienen entre 18 y 40 años. Y en lo relativo a su procedencia, la mayoría son de nacionalidad española (84,7%).
Respecto a la temporalidad, en mayo y octubre hay una mayor incidencia.
Nuevo protocolo policial contra los delitos de odio
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio a conocer el 22 de julio el nuevo Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio. Un conjunto de reglas y pautas, unificadas y homogéneas, que permitirá a los agentes policiales una «eficaz identificación, recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias». Elementos que mejorarán la eficacia policial en la investigación y esclarecimiento de estos sucesos.
El nuevo protocolo incluye una exhaustiva relación de conductas que vulneran tanto el ordenamiento penal como la regulación administrativa. También expone un listado de los ‘indicadores de polarización’. Es decir, indicios que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza.
Entre las novedades más destacadas, el documento fija el derecho de las víctimas a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Un servicio público que pueden prestarles asistencia psicológica, acompañamiento judicial y orientación sobre recursos sociales.
En el caso de víctimas o testigos con discapacidad intelectual, el nuevo protocolo resalta la importancia de utilizar documentación en modo «lectura fácil». También recuerda la existencia del «facilitador», figura que favorece la primera toma de contacto con los agentes y una comunicación eficaz entre la persona con discapacidad y los operadores policiales y jurídicos.
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