Los detectives privados reclaman al Gobierno poder desarrollar sus investigaciones en la calle durante el estado de alarma por el COVID-19. Colegios y asociaciones profesionales han enviado conjuntamente un escrito a los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para que consideren la labor de estos profesionales como un servicio esencial y puedan desarrollar su labor en espacios abiertos.
Según denuncian los detectives privados, el número de delitos perseguibles a instancia de parte se han multiplicado durante el estado de alarma; sin embargo, no pueden desarrollar sus investigaciones con garantías al no poder trabajar en la calle. La APDPE sostiene en un comunicado que «la lectura restrictiva del estado de alarma por parte de los responsables de Interior» mantiene a los detectives confinados en sus domicilios e impide sus trabajos de campo.
Los investigadores privados entienden que solo considerándoles un servicio esencial se garantiza el derecho fundamental de defensa de sus clientes. «En la actualidad, se ven imposibilitados de reunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada», recoge el escrito de la APDPE.
Una situación que, desde su punto de vista, «causa indefensión y puede complicar la saturación de los juzgados en los próximos meses».
Ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Los colegios y asociaciones profesionales consideran además que «la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma».
Los detectives privados añaden que «se vieron desagradablemente sorprendidos » cuando el Ministerio del Interior no consideró esta actividad un servicio esencial, pese a que otras actividades de seguridad privada sí fueron incluidas en el real decreto sobre el estado de alarma.
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