Acaba de comenzar una nueva legislatura. ¿Cuáles serán las líneas maestras que se ha marcado como ministro del Interior para este periodo?
Tras casi seis años de trabajo continuado, y del que podemos estar orgullosos, nuestros objetivos siguen siendo los mismos que el primer día: fortalecer la seguridad pública y poner en valor la prestación del servicio público de seguridad para hacer frente a los retos y las incertidumbres que enfrenta España, un país que, al igual que su entorno geográfico y buena parte del planeta, está sometido a vertiginosos desafíos y transformaciones.
¿Cuáles son las amenazas y delitos sobre los que pondrá un mayor foco de atención por su impacto en la sociedad española durante la legislatura?
El Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad no hacen distinciones entre los distintos fenómenos delictivos, porque para cada ciudadano el delito más grave es aquel que le afecta de manera directa, sea cual sea. Por eso defendemos un modelo de ‘seguridad humana’, un modelo integral que incluye la garantía del orden público, de la seguridad ciudadana, de la protección civil, de la protección internacional, de la seguridad vial y de todos los ámbitos de competencia del Ministerio del Interior.
Pero es cierto que algunos tipos delictivos nos preocupan mucho porque afectan tanto a las víctimas que los sufren como al conjunto de la sociedad, ya que amenazan nuestro modelo democrático de libertades y derechos constitucionales. Me refiero a fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado, la violencia de género, los delitos de odio, la trata de seres humanos o la ciberdelincuencia, que crece de manera exponencial y se ceba con colectivos muy vulnerables frente a las nuevas tecnologías.
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades en relación con la seguridad de los españoles. ¿Qué avances necesita nuestro país en esta materia y cómo trabaja el Ministerio del Interior para abordarlo en el marco de sus competencias?
La lucha contra la cibercriminalidad es una prioridad estratégica del Ministerio del Interior porque es esencial para salvaguardar nuestra seguridad, la personal y la colectiva, en la era digital. La ciberdelincuencia es una amenaza para la integridad de nuestras instituciones, la privacidad de la ciudadanía, la indemnidad de los más vulnerables, como los menores o las personas mayores, y la estabilidad económica.
Desde 2018 hemos dado pasos muy importantes y tenemos más medios para luchar contra el cibercrimen. Las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en ciberseguridad han crecido un 90 por ciento y hoy cuentan con casi 1.400 agentes entre ambos cuerpos. Y en 2021 aprobamos el primer Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, a partir del cual las Fuerzas de Seguridad elaboran y ejecutan sus propios planes de acción operativos. Sabemos que debemos fortalecer nuestras defensas y en eso tenemos puesto el foco.
El Ministerio del Interior trabaja en la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva NIS 2 y la Directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas (CER). ¿Qué impacto prevén que tengan dichas trasposiciones para mejorar la seguridad y ciberseguridad en España?
Son dos directivas complementarias: la primera impone unos requisitos exhaustivos a un amplio conjunto de entidades para garantizar unos niveles adecuados de ciberseguridad, mientras que la segunda busca garantizar la prestación de servicios que son esenciales para el desarrollo de la actividad económica y social de los Estados miembros de la Unión Europea.
Estas directivas pretenden garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la UE, y ese es un paso adelante muy importante porque reforzarán nuestra capacidad de superar amenazas actuales como los ciberataques que a veces sufren las infraestructuras críticas europeas, ataques que intentan socavar nuestra seguridad colectiva.
En definitiva, estas directivas nos ayudan a garantizar una UE, y por tanto una España, más seguras y fuertes frente a la delincuencia, tanto la tradicional como la que nos ataca a través del ciberespacio, porque la creciente interconexión e interdependencia entre las infraestructuras físicas y las digitales nos obliga a adoptar un enfoque más coherente y uniforme en materia de seguridad.
“A corto plazo, van a crearse canales seguros entre la OCC y los operadores esenciales para reforzar sus mecanismos de cooperación y aumentar su eficacia”
¿Cuándo está previsto que vean la luz las trasposiciones de dichas directivas?
La Comisión Europea ha fijado un plazo de transposición que concluye en octubre de 2024, y ya estamos trabajando para incorporar ambas directivas a la legislación nacional antes de que venza ese límite.
¿Qué medidas prevé llevar a cabo el Ministerio del Interior para elevar el nivel de protección de las infraestructuras críticas y estratégicas españolas, al margen de los cambios legislativos que se produzcan con la transposición de las Directivas CER y NIS 2?
La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior ejecuta ya las medidas incluidas en su propio Plan de Acción Operativo y, a corto plazo, se van a crear canales seguros entre esta oficina y los operadores esenciales para reforzar sus mecanismos de cooperación y aumentar su eficacia.
A medio y largo plazo, es inevitable que las medidas que adoptemos se adapten a las conclusiones que vayamos obteniendo en el proceso de trasposición de las dos directivas comunitarias. Ya se actuó así en el pasado: en 2008, España aprovechó la trasposición de la Directiva 2008/114, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas, para poner en marcha el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (Sistema PIC) para su defensa integral, que se convirtió en modelo de referencia internacional. España ha dado muestras de su capacidad para establecer elevados marcos de seguridad en beneficio de sus ciudadanos, de sus servicios esenciales y de los mercados, y volveremos a hacerlo.
Al ser una cuestión transversal, son varios los ministerios y organismos implicados en la ciberseguridad. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál debe ser la estructura de gobernanza de la ciberseguridad en España? ¿Quién debe liderar este asunto y cómo debe abordarse?
España tiene un déficit de gobernanza de su modelo de ciberseguridad, es cierto. Es en efecto una cuestión transversal, y el Ministerio del Interior apuesta por la creación de una agencia autónoma de ciberseguridad que aglutine a todos los actores implicados y en la que este ministerio debe jugar un papel protagonista, pero esa es una decisión que compete al Gobierno en su conjunto.
“El Ministerio del Interior apuesta por la creación de una agencia autónoma de ciberseguridad que aglutine a todos los actores implicados”
La seguridad privada forma parte del sistema de seguridad pública como complemento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre la labor de dicho sector y hasta dónde considera que puede llegar su contribución a la seguridad ciudadana?
La seguridad privada juega un destacado papel como colaboradora de primer orden de las Fuerzas de Seguridad en la consecución de los objetivos que hemos marcado al servicio público de seguridad con la perspectiva integral que tenemos en el Ministerio del Interior.
Prueba de ello es el Proyecto Red Azul, integrado en el Plan Integral de Colaboración de la Policía Nacional con el Sector de la Seguridad Privada, gracias al cual estamos sentando las bases de un nuevo modelo de colaboración profesional de complementariedad y corresponsabilidad para generar un escenario de puesta en común de recursos que implique el establecimiento de una verdadera ‘alianza de seguridades’ entre el sector privado y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Este año se cumplirá una década de la aprobación de la Ley de Seguridad Privada vigente, si bien todavía no hay un nuevo Reglamento para el sector. ¿Está en los planes del Ministerio del Interior aprobar un nuevo Reglamento de Seguridad Privada en esta legislatura?
Los trabajos están muy avanzados y confío en que en esta legislatura ese reglamento sea una realidad, porque su promulgación nos permitirá aglutinar en una única norma reglamentaria distintos aspectos importantes relacionados con la creación, el funcionamiento y la actividad de las empresas privadas de seguridad que ahora están dispersos en distintos textos legales, como la ley que regula el sector o la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Durante la pasada legislatura, otra de las iniciativas que no terminó de tramitarse por falta de acuerdo político fue la Ley de Seguridad Ciudadana. De los cambios propuestos por el ministerio a través del anteproyecto de ley, ¿cuáles considera más necesarios y hasta qué punto son urgentes?
Los grupos parlamentarios que impidieron la tramitación de aquel anteproyecto se equivocaron, porque mejoraba de manera relevante el contenido de la vigente ley. Quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, el anteproyecto incorporaba resoluciones judiciales nacionales e internacionales, así como recomendaciones de instituciones internacionales relacionadas con la protección de todos los derechos y libertades en su conjunto y, en especial, los de expresión y manifestación.
Por otro lado, el anteproyecto reforzaba la seguridad jurídica de la actuación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, porque desaparecía la obligación de valorar o decidir por sí mismos las medidas más adecuadas a ejecutar en cada momento, al ser la ley la que, una vez reformada, fijaría el alcance ponderado de unas medidas de intervención preventiva que siempre serían aplicadas del modo más favorable al ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.
“A lo largo de la presente legislatura, vamos a seguir desarrollando y reforzando el Sistema Nacional de Protección Civil”
El año pasado se aprobó la Norma Básica de Protección Civil, en la que se involucra a las comunidades autónomas y establece la necesidad de coordinar los planes en esta materia. No obstante, ¿de qué manera prevén avanzar en la integración y coordinación de las diferentes comunidades, todas ellas con competencias en la materia, para hacer frente a las emergencias de manera más efectiva y eficiente?
Todo el proceso de integración y coordinación de los distintos servicios de protección civil está recogido en el primer Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, que denominamos Horizonte 2035. Lo aprobamos en 2022 y fue validado en la Conferencia de Presidentes reunida en la isla de La Palma el 13 de marzo de ese mismo año.
A lo largo de la presente legislatura, vamos a seguir desarrollando y reforzando el Sistema Nacional de Protección Civil, a renovar y actualizar la Estrategia Nacional de Protección Civil y seguiremos completando el desarrollo normativo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil para avanzar las distintas fases de ejecución del Plan Nacional ‘Horizonte 2035’ y conseguir una mejor integración y coordinación de los agentes implicados en la protección civil frente a todo tipo de emergencias y catástrofes naturales.
