Seguritecnia 351

Centrales Receptoras de Alarmas SEGURITECNIA Abril 2009 31 importantes carencias en materia de homologación de sistemas e instalaciones, esperando como “agua de mayo” normativas europeas que ayuden a poner un poco de or- den en todo esto. Trabajemos por un Reglamento acorde con los tiempos que corren, que aporte a todas las com- pañías las mismas “reglas del juego” y que, a la vez, profe- sionalice mucho más este sector. Pero no sería justo que algunas compañías se escu- den en su ambigüedad para hacer de su capa un sayo. Si no han cumplido nunca este reglamento, ¿qué garantías hay de que cumplirán las modificaciones que vayan apa- reciendo? Involucrar al usuario Quizás parte de la clave esté en algo tan sencillo como involucrar al cliente en su propia seguridad. No hay que olvidar que cerca del 80 por ciento de las falsas alarmas son producidas por el uso inadecuado del sistema de se- guridad por parte de los usuarios. Por incomodo que nos pueda parecer, desde el momento de la venta debe- mos fomentar en nuestros clientes la “cultura de seguri- dad”. Instalar un sistema de alarma y conectarlo con una CRA es una decisión que los propietarios de los inmue- bles quizás deberían meditar un poco más; ser más con- cientes de que, al tener un sistema de seguridad insta- lado en su casa o negocio, sus costumbres deben variar. Todos los componentes de la familia o las personas que tienen acceso a la vivienda o negocio deben saber que co- nocer perfectamente su funcionamiento, palabras clave, códigos de conexión y desconexión, etcétera va en favor de su propia seguridad. En una publicación especializada del sector en EEUU hacían la siguiente afirmación: “cualquier ciudadano, cuando contrata un sistema de seguridad, se convierte en ese momento en socio de la Ley en la lucha contra la de- lincuencia”. Es posible que suene muy “americana”, pero no le falta un ápice de razón. “recelo empresarial”, como temerosas de dar con la clave y que otra lo aproveche. Da la impresión que no se con- sigue avanzar un solo paso en la dirección correcta, por muchas horas que duren las reuniones. Se está limitando a poner sobre la mesa frías cifras, por lo que se está perdiendo un tiempo precioso en cuantifi- car el problema en vez de afrontarlo de cara. Y lo que es peor, algunas empresas van más allá y, temerosas de las sanciones, optan por dejar de comunicar las alarmas re- cibidas para mejorar sus ratios de verificación y, como no, seguir contribuyendo a mejorar las dichosas cifras. Basándose en la calificación que el RSP, en su artí- culo 149.8, da al hecho de trasmitir falsas inciden- cias como al de no trasmitirlas, y sabiendo que el porcentaje de alarmas que resultan reales con res- pecto a todas las demás es mínimo, es relativa- mente fácil llegar a la conclusión de que asumir el riesgo en este caso parece rentable. Pero sí sabe- mos que en casi la mitad de los robos que se pro- ducen sólo se activa una zona, ¿de qué estamos ha- blando entonces? ¿cómo debería calificarse a las empresas que realizan estas prácticas? Lo cierto es que, también en esto, deberíamos mirar a nuestro alrededor para aprovecharnos de las buenas ideas de los demás. Ha llegado el momento de actuar, pero de ac- tuar todos. El sector debe ir ganando la credibili- dad que le corresponde, tanto de cara a sus clien- tes como, muy especialmente, ante las Fuerzas de Seguridad, que lo “sufren” en primera persona. Las centrales receptoras deben ser una ayuda para to- das las policías, formar parte de la solución y no del pro- blema, convertirse de una vez por todas en aliados de es- tos cuerpos y colaborar con ellos en la detención de de- lincuentes. Si no consiguen este objetivo no estarán cumpliendo con la labor social que les corresponde. Sin fórmula mágica Aunque, no debemos engañarnos. No existe la formula mágica que indique qué “tecla” pulsar para solucionar to- dos los males de un plumazo. Más bien, son diferentes frentes en los que habrá que trabajar para llevar al sec- tor a ganar muchos enteros en este tan maltratado sector de la seguridad electrónica; empezando por el mal traído y llevado RSP y las Ordenes Ministeriales que le acom- pañan. La legislación no puede tener “lagunas” tan importan- tes como para permitir que un funcionario de cualquier provincia tenga en su mano prácticamente cerrar una compañía a base de sanciones económicas desorbitadas. Las compañías deberían saber a qué atenerse y conocer los criterios uniformes que las diferentes policías aplican en todo el territorio español. Esto, sin entrar a valorar las