Seguritecnia 381

SEGURITECNIA Diciembre 2011 131 PBC Cash como muy graves, graves y leves, que conllevan importantes sanciones así como la responsabilidad de adminis- tradores y directivos. Este esfuerzo económico, mate- rial, tecnológico y humano que se re- quiere a tan elevado número de socie- dades que son sujetos obligados hace imprescindible, para racionalizar ese esfuerzo, que el marco normativo sea claro y concreto, sin dejar a posterio- res disposiciones tan elevado número de artículos. De otra parte, la colaboración del su- pervisor es muy necesaria, y por ello la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y, muy especialmente, el Servicio Ejecutivo deben prestar apoyo a los sujetos obligados, además de la labor inspectora y, en su caso, sancionadora. Fue inestimable la co- laboración prestada en sus inicios, allá por el comienzo de los noventa, por el Servicio Ejecutivo a los entonces suje- tos obligados para poner en marcha las estructuras de prevención, formar a los responsables con la enseñanza de operaciones de blanqueo que per- mitían conocer indicios de operacio- nes sospechosas y marcar pautas de actuación. Esperemos que, para mejor comba- tir en España la lacra social que cons- tituye el blanqueo de capitales y la fi- nanciación del terrorismo, sea en el año 2012 cuando se publique todo lo pendiente en normativa de preven- ción y volvamos a conocer cómo evo- luciona tal problemática a través de las informaciones que en memorias y resolución de consultas aportaba el Servicio Ejecutivo y la Comisión. El lo supondrá una ines t imable ayuda para los sujetos obl igados , los responsables de las estructuras de prevención en las empresas y los empleados en general, que tienen que detectar indicios de operacio- nes sospechosas de blanqueo de ca- pitales o de f inanciación del terro- rismo. Debe quedarnos claro que la Ley 10/2010 no se concibió simple- mente para cumplir con las exigen- cias de la Unión Europea. S el blanqueo de capitales y, posterior- mente, en operaciones de financiación del terrorismo. Las modificaciones, a partir del año 1993, han supuesto importantes cos- tes y esfuerzos para los sujetos obliga- dos. Actualmente, en el periodo de cri- sis que atravesamos, ejecutar todas los requisitos que impone la Ley 10/2010 en las estructuras empresariales de los sujetos obligados (los anteriores tienen que modificarlas y los nuevos, imple- mentarlas) supone un elevado coste y exige la utilización de medios, perso- nas y una formación obligatoria. Se trata de prevenir y combatir ade- cuadamente el blanqueo de capita- les y la financiación del terrorismo, porque de lo contrario se pueden co- meter infracciones previstas en la ley De otra parte, se trata de una ley que ha pasado de los 16 artículos de la anterior a los 62 actuales. La necesi- dad del reglamento se hace evidente en una norma que ha extendido la definición de blanqueo de capitales a las actividades de blanqueo de capitales procedentes de cualquier delito, incluido el que va contra la Hacienda Pública. Que ha supuesto la desaparición de la distinción entre sujetos obligados de régimen general y simplifi- cado, homogeneizando, los requisitos aplicables a la to- talidad de los sujetos obliga- dos, aunque se mantengan ciertos regímenes singulares. Que ha ampliado enorme- mente la lista de sujetos obli- gados, tales como los regis- tradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles; o las personas físi- cas o jurídicas que comercien profesio- nalmente con bienes o todas aquellas que con carácter profesional presten determinados servicios a terceros. La Ley 10/2010 remite al reglamento, que no se ha aprobado, en los artículos 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 25, 26, 38 y 39, y además deja pendiente publicar ór- denes del ministro de Economía y Ha- cienda en los artículos 9, 27, 28, 34 y 35. Conclusión Desde que dio comienzo en España la normativa en la materia con la Ley 19/1993, los sujetos obligados han ve- nido realizando esfuerzos importan- tes para cumplir las disposiciones, de cara a prevenir e impedir ser usados en El esfuerzo económico y humano que se requiere a los sujetos obligados hace imprescindible un marco normativo claro y concreto