Seguritecnia 398

20 SEGURITECNIA Junio 2013 s Foro eguritecnia sideró que las ubicaciones en las que trabajan los guardas rurales les impide en ocasiones entrar en contacto de forma urgente con las FCSE, por lo que cree conveniente que se aclare en qué condiciones se les dará esa considera- ción. Igualmente pidió que se concre- ten las disposiciones sobre los servicios que se prestan en la vía pública, ya que los guardas rurales siempre realizan la- bores en este tipo de espacios. En otro turno de palabra, Enrique Po- lanco planteó tres aspectos que debe incluir la nueva Ley para facilitar la pro- tección del patrimonio histórico. Una de ellas es derivar la responsabilidad última de la seguridad de una orga- nización a los órganos de dirección. Por otro lado, opina que la protección debe tratarse de manera integral en las compañías, incluyendo todos los as- pectos que puedan afectar a esta área. Aboga por tanto por una seguridad “sin apellidos”. El representante de Protecturi aña- dió que la investigación, la información y la inteligencia “son la base de la se- guridad”, por lo que solicitó una mayor atención sobre estas funciones. Posteriormente, Eva Grueso planteó otras alegaciones además de las ya men- cionadas en su primera intervención. So- bre todo, rechazó de lleno la posibilidad que abre el Anteproyecto a las compa- ñías de seguridad para que lleven a cabo funciones de investigación. bién es un paso adelante el “pequeño atisbo” de presencia de las TIC en la nueva Ley. “Es algo que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero el simple hecho de que aparezcan me parece positivo”, expresó. El asesor del CTA propuso que el control administrativo de la Seguridad Privada recaiga en los “órganos de co- ordinación del Ministerio del Interior”, para liberar de esa función a las FCSE. Otra idea que planteó Merino fue la convocatoria de un Congreso Nacional de Seguridad Privada para buscar los puntos de consenso que existen entre los diferentes agentes del ámbito pri- vado de la seguridad. Por último, este profesional también opinó que la nueva norma debería inspirarse en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que atribuye la res- ponsabilidad última de los siniestros a los órganos de dirección de las compa- ñías. De esa forma, Merino cree que se apostaría más por la seguridad. A continuación, Raúl Beltrán señaló que la nueva Ley debería aclarar un poco más en qué condiciones administrativas podrían prestar servicio los guardas ru- rales en aquellos lugares donde no sea rentable para las compañía destinar per- sonal. “No sabemos si el autónomo va a necesitar tener licencia de empresa o ga- rantías proporcionales…”. En relación con la atribución de ‘agente de la autoridad’, Beltrán con- En otro sentido, la Federación sos- tiene que debería ampliarse el rango de actividades que pueden prestar las empresas de servicios, añadiendo otras como, por ejemplo, la seguridad en “eventos, aparcamientos abiertos al público o infraestructuras críticas”. González Hidalgo indicó que la nueva Ley de Seguridad Privada ten- dría que dar tratamiento a la figura del operador. También que los servicios de acuda no deben prestarse con ar- mas de fuego porque “supondría mu- chos problemas para las empresas y los vigilantes”. Además piensa que la atribución de la condición de ‘agente de la autoridad’ no queda clara y soli- cita que se explique en qué situación queda el personal auxiliar. George Potter, por otro lado, insistió en que existen “carencias muy impor- tantes” en la formación del personal de seguridad en materia prevención y ex- tinción de incendios. El representante de ASEFL consideró que deben defi- nirse las responsabilidades en cuanto a la operación, supervisión o vigilancia de los sistemas de alarma de incendios. Miguel Merino apoyó la ampliación del número de servicios que pueden prestar las empresas de seguridad, ya que lo considera “algo positivo para el sector y para la economía del país”, aunque matizó que dicha ampliación no debería abarcar los de investiga- ción privada. Para este profesional tam- Eva Grueso, presidenta de la APDPE. Enrique Polanco, representante de Protecturi. Mariano Olivares, representante de ASEFOSP.