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22 SEGURITECNIA Junio 2013 s Foro eguritecnia El director de Seguridad de la CECA también se refirió al apartado 2.b) del Anteproyecto, relativo a tareas de re- cepción y orientación de visitantes. Para Gisbert, esta actividad debería po- derse realizar por la empresa titular del inmueble, sin obligación de contratar el servicio con una compañía de segu- ridad o personal auxiliar, “pues una lec- tura del artículo 32.1 b) suscita dudas al respecto”, añadió. Asimismo, sostuvo que ha de mati- zarse el concepto de ‘deber de cola- boración’ y poner algunos límites por motivos económicos y de capacidad de las empresas. Igualmente, añadió que tiene que detallarse con mayor profundidad el tratamiento de ‘agente de la autoridad’ porque “puede dar lu- gar a equívocos”. Para finalizar la ronda de alegacio- nes, Juan Manuel Zarco enunció varios contenidos que habría que sumar al Anteproyecto. Uno de ellos es la incor- poración de referencias a la seguridad global para limitar o facilitar la activi- dad de las compañías de ámbito inter- nacional en nuestro país y viceversa. El representante del Foro EFITEC pro- pone que se revisen las funciones que sólo pueden desarrollar los vigilantes de seguridad, como el control de iden- tidad en los edificios, para que puedan realizarlo otros profesionales (como ocurre sin mayor problema en las ta- reas de facturación y embarque en los Vicente de la Cruz, presidente de ASES. Francisco Ruiz, presidente de AERME. Fernando Padilla, presidente del OSICH. Cree además que la exigencia de constatar con las FCSE todos los datos de los clientes de los detectives es una intromisión en la intimidad de los ciu- dadanos. Pide la rectificación de esta disposición y advierte de que podría entrar en colisión con la LOPD. La presidenta de la APDPE tampoco está de acuerdo en el enfoque del texto respecto a la formación de los detectives. Esta profesional considera que la regulación actual es apropiada y no necesita cambios en ese sentido. Por último, Grueso lamentó que el Anteproyecto no permita a los detec- tives investigar delitos en general, sino sólo delitos a instancia de parte. En su turno, Mariano Olivares hizo una observación en torno al procedi- miento del régimen sancionador. El re- presentante de ASEFOSP pidió que se aclare por qué la tramitación de es- tas multas se envía en primer lugar a la Delegación del Gobierno “cuando este órgano no pertenece al Ministerio del Interior”. Por su parte, Fernando Padilla se mostró de acuerdo con algunas de las observaciones mencionadas por los in- tervinientes del CTA. Él también consi- dera que el director de seguridad tiene que gestionar esta área de manera in- tegral y apoya la idea de que el último responsable de la protección de la or- ganización sea la gerencia; algo que ya sucede en los hospitales, aclaró. Además de esto, el presidente del OSICH solicitó que se aclare el artículo 28.4, concretando qué tipo de funciona- rios públicos no podrán ejercer labores de seguridad si están en activo; es de- cir, si se refiere solo a los miembros de las FCSE o a cualquier trabajador público. Para Juan Muñoz también hay que clarificar algunos contenidos relaciona- dos con las habilitaciones y la forma- ción, tanto de los directores de Seguri- dad como de los detectives. El presidente de ASIS-España apoyó el planteamiento de Miguel Merino para que el Ministerio del Interior se encargue directamente del control de las empresas de seguridad; sin em- bargo, cree que es complicado puesto que eso implicaría modificar la Ley Or- gánica de Fuerzas y Cuerpos de Segu- ridad del Estado. Por su parte, Ignacio Gisbert propuso que se incluya en el artículo 5.c del An- teproyecto la alusión a las entidades fi- nancieras en relación con la custodia, depósito, recuento y clasificación del dinero y otros valores, tal como hace la Ley actual. Otros puntos a mejorar desde su punto de vista son las disposiciones re- lacionadas con la protección de datos, especialmente los relativos a la cesión de información y la videovigilancia. Se- gún Gisbert, la nueva Ley “se puede encontrar con algunos recursos de in- constitucionalidad” en este punto.