Seguritecnia 401

50 SEGURITECNIA Octubre 2013 PATROCINADO POR: Centrales Receptoras de Alarmas bría que ir a algo parecido. Que den- tro de la Unión Europea haya unas nor- mas que digan cómo tienen que ser los equipos, que haya una libre circu- lación de esos equipos, que estén eti- quetarlos de forma que esté garan- tizado su correcto funcionamiento y que haya organismos que certifiquen las instalaciones”. José Ramón Becerra solicitó que la nueva ley sea “flexible” y que “acom- pañe a las posibilidades tecnológi- cas y de servicios de las compañías”. Para este invitado, las CRA cuentan cada vez con mayores oportunidades de desarrollo de su negocio, sin em- bargo, si el Proyecto de Ley de Seguri- dad Privada no se modifica en lo con- cerniente al personal “se van a limitar mucho las posibilidades de que estas empresas puedan profesionalizarse y especializarse”. Becerra propuso también que exis- tan “modelos colaborativos” para que las empresas no sólo compitan por el mercado, sino colaboren en aquellos nichos en los que no se hagan com- petencia. De esa forma, las compañías pueden hacer una labor de seguridad “mucho más evolucionada que la que hay ahora mismo”. Colaboración con FCSE La colaboración entre las CRA y las FCSE es inestimable a la hora de es- clarecer muchos delitos, gracias a las imágenes que ceden las primeras a los cuerpos policiales. Sin embargo, esa relación ha estado marcada en gran parte también por las falsas alar- mas, cuyos índices llegaron a ser in- sostenibles para la Administración. Para tratar de solucionar el problema, el Gobierno aprobó en 2011 la Or- den Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, con la que trató de solucionar esa situación. Des- pués de dos años, los primeros resul- tados son “satisfactorios”, como se- ñaló en el desayuno el teniente coro- nel José Antonio Montero. Este profesional desgranó algunas de las principales conclusiones del seguimiento realizado por la Guar- dia Civil a la orden ministerial den- tro de su demarcación. Según los da- tos del informe elaborado respecto a este asunto, entre 2011 y 2112, el nú- mero de alarmas comunicadas a las FCSE descendió un 51 por ciento. De ellas, las alertas reales se han incre- mentado un 2,72 por ciento, mientras que las falsas han disminuido un 57 por ciento. Por otro lado, señaló que el total de las alarmas no comunicadas a las FCSE aumentó en 111, pasando de 532 en 2011 a 643 en 2012. Un dato “reve- lador” cuya explicación podría estar en la adaptación de las empresas al sistema de verificación que establece la orden ministerial. Otro dato que ofreció el invitado está relacionado con las denun- cias a las CRA. Según señaló, estás han disminuido también en un 45 por ciento (de 663 en 2011 a 360 en 2012). “Esto supone sólo un dos por ciento de denuncias en caso de falsa alarma”, enfatizó. El teniente coronel de la Guardia Ci- vil indicó que el estado anterior de esta situación era “insostenible” por la distorsión que ocasionan las falsas alarmas en los servicios de las FCS y por el coste económico que supone para la Administración. Aseguró al final de su intervención que la Guardia Civil está estudiando durante la gestación de la Directiva Eu- ropea de Servicios, conocida como “Ley Ómnibus”, cuando la asociación pro- movió que se exigiera la normalización dentro de esa ley, con el objetivo de defender a las empresas que certifican sus productos frente a las que ofrecen menos calidad a bajo coste. “Para los instaladores era positivo en el sentido de que obligaba a utilizar un estándar de producto y de servicio que ponía unas mismas normas para todos”, argu- mentó. A pesar de ello, desde su punto de vista, queda camino por recorrer. Según Alejandro Guerra, este tipo de casos se dan con frecuencia debido al modelo legislativo español. “Europa nos obliga a trasponer leyes, pero el problema muchas veces es que no te- nemos el músculo para asumirlas”, ex- plicó. El abogado calificó estas normas de “leyes pantalla” dado que “conten- tan a Europa, pero luego no pueden aplicarse realmente en España”. Por otro lado, Julian Gallego estable- ció una comparación entre el control al que están sujetas las CRA y las ins- talaciones de protección contra incen- dios. Según especificó el representante de Alter Technology Tüv Nord SAU, en este último sector hay una “tradición de productos orientados a la norma- lización”, pero no hay una exigencia para las instalaciones. “En lo que se re- fiere a la especialidad de intrusión, ha- Javier Lorente Director general de ADI Global Distribution. José Ramón Becerra Jefe de Televigilancia de la CRA de Gunnebo España.