Seguritecnia 401

Centrales Receptoras de Alarmas SEGURITECNIA Octubre 2013 51 PATROCINADO POR: Certificación Con la Orden Ministerial sobre siste- mas de alarmas se reguló otro aspecto importante para el mantenimiento de la calidad de los productos utilizados para la detección y verificación, la cer- tificación de los productos. No obs- tante, varios de los presentes en el de- sayuno lamentaron que en el mercado sigan circulando productos que no se ajustan a la legislación. Antonio Escamilla explicó que las tec- nologías para las alarmas salen de las fábricas ensayados y cumpliendo la norma, pero no certificados. Esto su- pone para las compañías que operan en España un “gasto de certificación que antes no tenía” y que no todos asu- men por igual. Por eso solicitó que se aumenten las inspecciones sobre las instalaciones. Escamilla, no obstante, dejó claro que son los propios fabrican- tes quienes defienden que haya certifi- cados en el mercado “para que todo el mundo juegue en la misma liga”. Luis González se mostró de acuerdo en la necesidad de incrementar el nú- mero de inspecciones y aseguró que el CNP está formando a sus agentes para llevarlas a cabo. El inspector jefe apuntó que fabricantes, instaladores y usuarios han de asumir su responsabili- dad. “Los productos instalados que no cumplan la norma habrá que retirar- los”, sentenció. Javier Badiola, Gerente de IBS Iberia. José A. Montori, Director de Operaciones en Europa de Bold Technologies. Alejandro Guerra, Socio director de Corporate Compliance Abogados. la posibilidad de suscribir convenios con empresas para que la Benemérita pueda disponer de más información en sus centros operativos de servicio sobre las alarmas. La nueva Ley de Seguridad Privada recoge un régimen sancionador en el que se considera infracción “muy grave” la no comunicación de una alarma real a las FCSE y “grave” la tras- misión de una falsa alarma. Las mul- tas podrían ir de 30.001 a 600.000 eu- ros en el caso de las primeras y de 3.001 a 30.000 euros en el caso de las segundas. Cantidades que las CRA consideran desproporcionadas. Jesús Alonso sostiene que es lla- mativo que el mayor número de su- puestos que recoge el proyecto de ley por los que se impondría una san- ción corresponde a infracciones “muy graves”. Para este invitado, la dispo- sición no sólo es desproporcionada en cuanto al coste económico de las sanciones, sino también “en los pun- tos que son considerados graves y le- ves”. Añadió además en el desayuno que “las sanciones por falsas alarmas son más cuantiosas que la recauda- ción por la cuota la propia conexión”. Ante estas críticas, el inspector jefe Luis Pernía defendió que “hay que te- ner en cuenta que cuando se pro- duce una falsa alarma la sanción no se aplica de manera automática, se deja un margen para que la instala- ción lo solucione”. El responsable po- licial matizó que una falsa alarma no significa necesariamente la imposi- ción una sanción muy elevada. Igualmente, el representante del CNP recordó que las Orden Minis- terial sobre sistemas de alarma “fue acogida con alborozo” por el sector, y advirtió que una falsa alarma no sólo supone un coste económico para la Administración, sino que también va en detrimento de los recursos huma- nos disponibles para atender la segu- ridad ciudadana. Enlazando con el tema de la veri- ficación policial, Juan Jerez aseveró que la tecnología está sustituyendo a los acudas personales. “Esta herra- mienta era muy útil durante muchos años”, reconoció; sin embargo, con- sidera que ahora “no lo es tanto gra- cias a los sistemas de verificación que existen”. Según este profesional, los servicios de acuda tienen un coste muy elevado, que no es tanto si se re- curre a las tecnologías. En ese sentido, Pedro Ibarrondo propone un “nuevo modelo” para re- ducir el coste de los acudas para las CRA, que pasa por “acuerdos con em- presas locales que den servicio de proximidad”. Contratar a pequeñas compañías permitiría “dinamizar el mercado”.