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46 SEGURITECNIA Diciembre 2013 III Jornada de Seguridad Privada en Cataluña nes”. Y la duda al respecto fue: “¿Consi- deran que de esta manera se refuerza convenientemente la autoridad del per- sonal de seguridad privada en el nuevo escenario que contempla la Ley?”. El jefe del SEPROSE explicó que, en este caso, “lo que interesa es que este personal vea reforzada su autoridad con algunas de las condiciones de las que goza un agente de la autoridad”. Álvarez apuntó que quizás este pre- cepto también se enmendará para que esa protección jurídica se acote a situa- ciones y servicios determinados. No obstante, este profesional apuesta por ir a más e incluir en el texto “la presun- ción de veracidad” para el personal de seguridad privada. Cristina Secades se mostró de acuerdo con esto último. Para la subdi- rectora de la Administración de Segu- ridad de Cataluña, falta protección ju- rídica en el ámbito administrativo para los profesionales privados. “Esto con- tribuiría a una mayor dignificación del personal de seguridad privada y a que tuviera un mayor respeto por parte de la ciudanía”. Además, continuó, “facili- taría la labor de las unidades [policia- les] que se encargan de la tramitación de los procedimientos sancionadores”. Finalmente, el comisario jefe de la UCSP reiteró que ese artículo se redactó tal y como está para que el personal de seguridad privada “obtenga en el ejerci- cio de su profesión un resultado similar que cuando le ocurre algo a un agente de la autoridad”. Por otro lado, manifestó su satisfac- ción por el hecho de que la reforma del Código Penal haya incluido, por primera vez, a la seguridad privada en sus dispo- siciones. Vigilantes en CRA La tercera cuestión giró en torno a los artículos 32 y 47, que atribuyen a los vigilantes de seguridad las funciones operativas propias de las centrales re- ceptoras de alarmas (CRA). Esto supon- drá mayores costes para las empre- sas al tener que contratar a vigilantes y además impedirá que personas dis- capacitadas accedan a ese puesto. Por ello, la consulta fue: “¿Qué ha motivado la sustitución de los operadores de CRA por vigilantes de seguridad? ¿Con- sideran que debe rectificarse la solu- ción ofrecida en el Proyecto de Ley in- cluyendo al actual operador de CRA dentro del personal de Seguridad Pri- vada o mediante otras soluciones?”. Cristina Secades opinó que “las fun- ciones de recepción, verificación y transmisión no son propiamente de vi- gilancia”, por lo que “no es necesario que las hagan vigilantes de seguridad”. Para la Generalitat de Cataluña, la figura más idónea para llevar a cabo esos co- metidos son los operadores y aboga por que exista una formación específica para ellos. César Álvarez explicó que el Proyecto de Ley Seguridad Privada contemplaba en un primer momento al operador como una nueva figura del sector; sin embargo, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Econo- mía rechazaron esa posibilidad puesto que “no se puede aumentar el número de profesiones”. La alternativa que se adoptó fue atribuir esas funciones a los vigilantes, aunque el jefe del SEPROSE reconoció que quizás esa no es la mejor opción. “Lo que no podía ser era man- tener la situación actual, en la que el operador realiza el servicio sin ninguna profesión específica ni control de cali- dad”, puntualizó. En relación con esta última obser- vación, Esteban Gándara añadió que tampoco existe ningún “control de moralidad”. Verificación con arma El siguiente artículo que se puso en cuestión fue el 40, en el que se obliga a portar armas de fuego a los vigilantes que presten un servicio de verificación personal de alarmas. La moderadora explicó que este planteamiento “con- lleva una serie de dificultades y de res- ponsabilidades que no pueden ser pa- sadas por alto”. Por ello preguntó: “¿Qué ha motivado esta previsión normativa? ¿Consideran factible la supresión o en su caso matización de este precepto, te- niendo en cuenta las variables singula- res de cada servicio?”. El coronel César Álvarez defendió que “la seguridad del vigilante está ante todo”, independientemente de que con este artículo el servicio de verificación personal se pueda encarecer para las Cristina Secades (Generalitat de Cataluña). El coronel César Álvarez defendió que en el caso de la verificación personal con armas de fuego “la seguridad del vigilante está ante todo” Coronel César Álvarez (SEPROSE).