Seguritecnia 414

100 SEGURITECNIA Diciembre 2014 Crónica mueve la ciberdelincuencia es de “un trillón de dólares, pero además supone pérdida de oportunidades y daño a la reputación de las empresas, lo que hace que muchas no quieran denunciar”. Por otro lado, explicó que Europol realiza un informe, denominado iOCTA, so- bre amenazas del crimen en Internet, el cual señala que las razones de la ex- pansión de los ciberdelitos se deben a factores como el fácil acceso, la falta de control o el aumento del número de dispositivos móviles. El principal desafío es que la ciberdelincuencia es global. Además, el desarrollo tecnológico ge- nera brechas entre las medidas de pro- tección y las oportunidades para come- ter nuevos ciberdelitos. “Trabajamos en los que conocemos, pero no en lo que no. Hay una pequeña parte que se de- nuncia, pero la mayoría no. La policía no tiene un control completo del cibe- respacio”, confirmó. De la misma forma opinó Luis A. Ri- vera Santana , agregado jurídico para Crímenes Cibernéticos del FBI, para quien se ha de partir de la premisa de que “el crimen cibernético no tiene fron- teras” cuando se aborda la cooperación internacional en materia de ciberseguri- dad. Por eso, el FBI ha enfocado sus es- fuerzos al fomento de la relación con otras agencias. En España, la agencia es- tadounidense ha establecido una cola- boración con presencia física durante seis meses de un enlace con la Policía y la Guardia Civil. “Hemos descubierto que tener una persona física en los distintos países no sólo provee un intercambio de comunicación, sino también infor- mación del sistema judicial local de cada país, los mecanismos legales disponibles y facilitar al país anfitrión cómo funciona- mos nosotros”, confirmó. Poco después intervino el comisario Juan Miguel Manzanas , jefe de la Bri- gada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, que des- veló que para incrementar y desarrollar las capacidades de respuesta a este tipo de delitos, la BIT se ha incorporado den- tro de la Comisaría General de Policía Ju- dicial. Asimismo, añadió, “la ciberseguri- dad ha supuesto también un cambio en para pymes, ciudadanos y sectores estra- tégicos; desarrollamos tecnología para la lucha contra los ciberdelitos; y apoyamos la generación de demanda, facilitando el crecimiento del número profesional en ciberseguridad”. En relación con la cola- boración público-privada, señaló que “lo esencial para establecer un mecanismo de colaboración es la confianza y tener un fin común”. A modo de conclusión, durante su ponencia ofreció algunos ejemplos rea- les de colaboración en los que participa INCIBE, como el servicio antibotnet , en el que hay 28 agentes implicados de 14 países para tratar de establecer una pla- taforma de colaboración. Capacidades de persecución En la siguiente mesa redonda se abor- daron cuatro aspectos principales: la in- tegración en el marco legal español de la soluciones a los problemas deriva- dos del mal uso de la tecnología, la me- jora de las capacidades de los organis- mos que tienen responsabilidad en los ciberdelitos, el fortalecimiento de la co- operación internacional y cooperación ciudadana, y que los profesionales del derecho tengan acceso a los recursos, información y formación de aquellas so- luciones que contrarresten las amena- zas del ciberespacio. Sobre estas bases intervino Manuel Álvarez , jefe de Implementación del Centro Europeo del Ciberdelito de Euro- pol, que definió la ciberdelincuencia como “la piratería de nuestro siglo”. Se- gún Álvarez, el coste estimado que público-privada. Tras hacer una defensa de los intereses particulares, que “no sólo son lícitos sino necesarios”; consi- deró que “deben existir figuras que fa- ciliten los acuerdos entre las partes de este sector”. Según Batanero, hay cierta discrepancia en los debates acerca de la digitalización del mundo actual. “Es el momento de dejar de repetir que nos creemos el problema y somos cons- cientes de él, ahora tenemos que poner en práctica acciones concretas y avan- zar en la buena dirección”. A continuación, le llegó el turno a Ge- mma Campillos , representante del Foro Nacional de Confianza Digital del MI- NETUR, que centró su intervención en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que establece un sistema de cooperación público-privada para la gestión de incidentes de cibersegu- ridad. Explicó que la norma establece obligaciones de colaboración para los prestadores de servicios de la seguridad de la información como la detección, la prevención, la reacción y la recupe- ración cuando ha habido un incidente de ciberseguridad. “Son sus obligacio- nes, pero su desarrollo se confía a un esquema de cooperación público-pri- vada. La Administración ha preferido que eso se realice con acuerdo entre las distintas partes implicadas”. La sesión concluyó con la intervención de Alberto Hernández Moreno , direc- tor de Operaciones de INCIBE, el cual ex- plicó los tres ámbitos de actuación de este organismo: “Somos los prestaciones de servicios públicos de ciberseguridad