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26 SEGURITECNIA Marzo 2015 Grandes Catástrofes y Emergencias E spaña es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de servicios de emer- gencias de diferente titularidad. La com- petencia de protección civil y extinción de incendios recae en los municipios de más de 20.000 habitantes y en las comu- nidades autónomas. Esto ha producido que, por ejemplo, tengamos 148 servi- cios de bomberos diferentes, sin una re- gulación nacional que establezca sus re- querimientos mínimos, funciones, com- petencias, protocolos de intervención, formación, procedimiento de acceso o carrera profesional. En la respuesta sanitaria de urgencias extrahospitalarias, la situación es simi- lar; si bien son las comunidades autóno- mas las competentes en la prestación de este servicio, tenemos cientos de ayun- tamientos que disponen de servicios propios o contratados de asistencia sa- nitaria de urgencias, o que los prestan a través de las agrupaciones locales de protección civil. A todo esto, hay que sumarle 19 cen- tros de atención de llamadas de emer- gencias 112, uno por cada comuni- dad y ciudad autónoma, con siste- mas y cobertura de prestación de servicios diferentes: desde los que asumen su función como centro in- tegral de coordinación de emergen- cias, a los que simplemente realizan la recepción de la llamada y el des- pacho de avisos a los Cuerpos corres- pondientes en función de su demar- cación. Cobertura desigual Esta situación genera un verdadero problema de organización y coor- dinación para, en caso necesario, poder funcionar como un sistema único, eficiente y eficaz cuando el país lo necesita, bien en caso de una gran catástrofe o en emergencias de menor rango pero que superan la capa- cidad de respuesta de los servicios pro- pios. Para ello, el Estado procuró a tra- vés de la Ley de Protección Civil de 1985, actualmente en proceso de reforma, y mediante la planificación territorial y es- pecial, establecer mecanismos de acti- vación y coordinación en grandes catás- trofes que pudieran solventar esta ato- mización de servicios y competencias. A su vez, la creación de la Unidad Mili- tar de Emergencias (UME) como recurso del Estado para hacer frente a emer- gencias declaradas de nivel 3 (dirigidas desde la autoridad estatal), o en apoyo a las comunidades autónomas con me- nos recursos operativos en niveles de ac- tivación menor, intenta cubrir la incapa- cidad del sistema actual de distribución de competencias a la hora de movilizar, coordinar y dar respuesta a emergen- cias de cierto nivel con los servicios ordi- narios de atención de urgencias y emer- gencias de las comunidades autónomas y sus municipios. Evidentemente, esta situación debe hacernos reflexionar sobre cómo se dis- tribuye la atención de emergencias en nuestro país, donde existen importan- tes diferencias en la cobertura entre re- giones y, por tanto, una desigualdad en el derecho de los ciudadanos a la segu- ridad y la protección en función del área en el que residan. Replantear competencias Por otro lado, debemos replantear la ac- tual distribución de competencias, a tra- vés de un modelo que permita la coor- dinación real de los recursos disponibles por parte del Estado y que, en caso de emergencia extraordinaria, catástrofe o calamidad pública, sea capaz de aprove- char estos recursos ordinarios y mejorar la integración operativa entre sí y con la propia UME cuando se requiera su par- ticipación. Desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), durante los últimos años hemos hecho diferen- tes propuestas en este sentido. Y todas pasan por reforzar la capacidad de ges- tión de la Dirección General de Protec- ción Civil y Emergencias del Estado, con la creación de una Subdirección Gene- ral de Bomberos con una Ley Estatal que regule y homogeneice el funciona- miento de nuestros servicios. Creemos que, desde una Dirección General de Protección Civil y Emergencias bien di- mensionada se debe dar impulso a sis- temas de formación conjunta de los di- ferentes Cuerpos, a una mejora de los mecanismos de prevención y planifica- ción de riesgos y, cómo no, al desarro- llo de programas de divulgación ciu- dadana y apoyo a la educación escolar en emergencias como base fundamen- tal para el éxito de un sistema público de Protección Civil. S Carlos Novillo / Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) Situación de la respuesta a las emergencias en España