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58 SEGURITECNIA Marzo 2015 Grandes Catástrofes y Emergencias C on la aprobación de la ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades y servicios, la ley 12/2012 sobre las medidas ur- gentes de liberalización del comercio, modificada por las leyes 14 y 20/2013 de apoyo a los emprendedores y de ga- rantía de la unidad de mercado, se eli- minaba el trámite de autorización que las administraciones públicas ejercían sobre los establecimientos, ya que di- cho procedimiento se entendía como un obstáculo que impedía el desarrollo de la iniciativa empresarial del comer- cio minorista. Este artículo pretende hacer una valoración, después de un tiempo de aplicación, de cómo se están llevando a cabo, en algunas ciudades, el desarrollo de las leyes comentadas. Las leyes pretendían simplificar la gestión de las tramitaciones de las li- cencias, con el objetivo de no retrasar ni paralizar las aperturas de las activida- des. En este sentido, se creó un marco normativo transparente, predecible y fa- vorable para las actividades, impulsando la modernización de las administracio- nes públicas. Todo ello para responder a las necesidades de las empresas y consu- midores, garantizando una mejor protec- ción de sus derechos. Asimismo, se instó a las comunidades autónomas y a las en- tidades locales para que elaboraran la le- gislación necesaria que redundara en un beneficio real para los pequeños y me- dianos comercios en el inicio y ejercicio de su actividad. Es verdad que, con frecuencia, la tra- mitación de un expediente de licen- cia de apertura o de obra suponía una demora importante por la lentitud de la burocracia administrativa, la cual im- plicaba una serie de trámites y trabas para las personas que pretendía iniciar una actividad. Por tal motivo, para faci- litar la recuperación económica y la ge- neración de empleo, era necesario que las administraciones públicas impulsa- ran los procedimientos necesarios para reducir las cargas y restricciones admi- nistrativas para no retrasar la apertura de los negocios. Existía un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que se indicaba que España era el se- gundo país de Europa donde más trá- mites eran necesario realizar para crear una empresa. A este nuevo procedimiento se le de- nominó “ declaración responsable ”. Esta nueva formula permitía abrir un establecimiento, legalmente, al día si- guiente de presentar una serie de docu- mentos en la administración correspon- diente, sin tener que ésta le autorizase a ello, una vez revisada la documenta- ción. La persona interesada, titular de la actividad, manifiestaba, bajo su res- ponsabilidad, que su establecimiento cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que disponía de la documentación que así lo acre- dita, y que se comprometía a mante- ner su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho recono- cimiento o ejercicio. Los ayuntamien- tos han elaborado unos impresos nor- malizados con instrucciones para agili- zar la tramitación del procedimiento y para facilitar también a los interesados la aportación de los datos y la docu- mentación requerida en cada caso. El procedimiento que se seguía antes, por ejemplo en Málaga, y supongo que en otras ciudades, era solicitar la licencia municipal de apertura con la presenta- ción de un proyecto técnico, el cual se enviaba a los distintos departamentos municipales para que los técnicos infor- maran sobre sus condiciones de seguri- dad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental. Si todo estaba correcto, se concedía la licencia de instalaciones, la cual permitía realizar las obras de ade- cuación correspondientes en el estable- cimiento. Una vez terminadas, se pre- sentaba el certificado que garantizaba el final de las obras firmado por el téc- nico responsable de las mismas, donde se hacía constar si había habido algún cambio con respecto al proyecto antes presentado y los certificados que garan- tizaban la idoneidad de los productos Germán Pérez Zavala / Oficial técnico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga Condiciones de seguridad contra incendios exigidas por la ley para los establecimientos