seguritecnia 420 (35aniversario)

222 SEGURITECNIA Junio 2015 Seguridad en el IBEX 35 Juan Manuel Martínez Director de Seguridad Corporativa de Acciona La sensibilidad por la profesionalización de la seguridad en la empresa Ese es el motivo por el cual la empresa donde tengo el gusto y el honor de prestar mis servicios comenzó a to- mar consciencia de la importancia de la seguridad corpo- rativa. La propia evolución cultural y social del concepto de seguridad hizo que, en defensa de sus propios intere- ses y para preservar sus activos humanos y técnicos, mi empresa se plantease la necesidad, y también la oportuni- dad, de apostar por la profesionalización de la seguridad. Esta sensibilidad por la profesionalización es lo que ha he- cho que, de forma exponencial, se dupliquen los esfuer- zos destinados al Área de Seguridad. 2 Las funciones y dimensionamiento de la Dirección de Seguridad Corporativa (DSC) han evolucionado de acuerdo a varios factores vinculados al desarrollo de la empresa, al ser un aspecto completamente integrado en el núcleo de la compañía. Estos factores principalmente han sido la diversificación en las líneas de negocio, su cre- cimiento y la mayor presencia en numerosos países de los cinco continentes. La DSC ha tenido que profundizar, primero en el cono- cimiento del negocio para identificar mejor las amenazas y los riesgos, y después buscar las sinergias con los otros departamentos de la empresa y realizar un importante es- fuerzo de concienciación entre el personal sobre la nece- sidad de contar con seguridad en los aspectos colectivos de protección, vigilancia y protección de la imagen, e indi- viduales de seguridad personal, así como en la valoración y dirección de la gestión de crisis. La internacionalización ha exigido a la DSC un plus de dedicación mediante el seguimiento de potenciales cri- sis o conflictos que pudieran afectar a la integridad y nor- mal actividad de la empresa en los diferentes proyectos a lo largo del mundo. Esta atención y permanente actuali- zación del conocimiento sobre estos asuntos requiere dis- poner de información contrastada para controlar y reducir los riesgos de seguridad. La reciente legislación sobre protección de infraestruc- turas críticas también ha constituido un hito relevante, puesto que está ordenando la colaboración indispensa- ble entre la Administración y el sector privado, como prin- cipales operadores en el terreno de la seguridad de esas 1 Todos hemos oído, e incluso usado, la expresión “los tiempos cambian”. Pues bien, eso es lo que también le ha sucedido, en el siglo y medio que tiene de existencia (1849 a hoy), al concepto de la seguridad no constitutiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). En todo este tiempo, ha pasado de una esfera de actua- ción que se limitaba a sectores muy concretos y sin co- nexión (el campo, la industria petrolera, la banca…) a ser contemplada, desde 1978, como un servicio unificado y sin limitación territorial ni sectorial. Y no sólo eso, durante este tiempo, y en especial desde el momento en el que ve la luz la primera norma de rango legal que regula el sec- tor en 1992, la seguridad privada en España ha experimen- tado un proceso evolutivo en su propia concepción. Hoy en día, se trata de un servicio que, sin dejar su obligación legal de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protec- ción, vigilancia o custodia estuvieren encargados, ha pa- sado a ser concebido como un brazo más de la seguridad global de la sociedad. Hoy no es posible pensar en seguri- dad ciudadana sin la acción proactiva de la seguridad pri- vada. No en vano, la actuación de las empresas y profe- sionales de la seguridad privada está presente en servi- cios públicos como son los aeropuertos y las cárceles, e incluso las propias instalaciones de FCSE. La seguridad pri- vada en España se ha convertido en una pieza importantí- sima de la seguridad. La reciente legislación sobre protección de infraestructuras críticas está ordenando la colaboración indispensable entre la Administración y el sector privado