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40 SEGURITECNIA Julio-Agosto 2015 Entrevista guido por la Directiva, que básicamente consiste en que el no cobro de un de- terminado importe habitual sea tan di- suasorio como para renunciar al derecho de disfrute de las vacaciones reglamen- tarias. Pues bien, el juez español ha esti- mado que sí es disuasorio. - ¿Qué opina APROSER sobre la decisión adoptada por la Audiencia Nacional? Pues que hay sectores en nuestro país, entre los que no está la seguridad pri- vada, a los que le podría ser perfecta- mente de aplicación. Pero sin entrar en el fondo del asunto, es una situación que entra en el juego de las ventajas y los inconvenientes de nuestra permanen- cia en la Unión Europea y sus procesos de armonización legislativa comunitaria. En cualquier caso, esta aceptación de la sentencia nos legitima moralmente para exigir la aplicación de otras iniciativas eu- ropeas, especialmente en el campo de la contratación pública responsable. Pero no es menos cierto que, para próximas situaciones análogas y par- tiendo de esta reciente experiencia, lo más conveniente pudiera ser medir las actuaciones, y prevenir y, en su caso, paliar las consecuencias con mayor an- ticipación. - ¿Cómo impacta la sentencia en la aplicación del convenio colectivo vi- gente, que habían suscrito hace esca- sos meses? Desafortunadamente, el caso es que impacta justo en un momento en el que habíamos logrado pactar un conve- nio colectivo para 2015 con un gran es- fuerzo para ambas partes. Ya habíamos acordado y abordado un incremento sa- larial, lo que permitía a las empresas, por fin tras muchos años, asumir un coste cierto en sus previsiones presupuestarias, estrategias de gastos e ingresos, políticas de inversiones… Gracias a lo anterior, se podría planifi- car debidamente el ejercicio económico sin tener de nuevo imprevistos que no pudieran respaldar las ya muy castigadas cuentas de resultados (hemos de tener en cuenta que desde el inicio real de la crisis en este sector, en 2009, se ha regis- trado una caída acumulada en la factura- ción del -24,8 por ciento). En resumen y parafraseando a Nico- lás Guillén, lo que estaba a punto de su- ceder era que “casi al final de un largo y agónico camino por el desierto, mu- riéramos de sed sólo a un metro de la fuente”. - ¿Por qué valoran tan positivamente el anterior convenio colectivo firmado con la representación social, el de 2015, que ahora finalizan anticipadamente? Básicamente porque logramos suscri- bir un acuerdo que variaba en positivo y más racionalmente la dinámica de los úl- timos procesos de negociación. Y lo hi- cimos con incuestionables ventajas para todos. Para la representación social y los tra- bajadores, se retornaba a la senda de los incrementos salariales, aun con el es- fuerzo que supone para las empresas de este sector, donde los gastos de perso- nal suponen más del 85 por ciento de los gastos de explotación (situación no coincidente en la mayoría del resto de sectores), y en un ciclo económico que para la seguridad privada seguía y sigue dando su peor cara. Para el sector en general se reforzó la utilidad del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, donde la defensa de la necesidad de un convenio sectorial re- gulador es uno de sus objetivos princi- pales, y que junto con la denuncia de las malas prácticas en la contratación (fun- damentalmente en el ámbito de las re- laciones con la Administración, dada la escasa o nula importancia que le da a la calidad del servicio en un sentido am- plio) son dos de las principales apuestas para la dignificación de un sector tan ne- cesario y complementario para la seguri- dad pública. - ¿Qué escenario se vislumbraba en el supuesto de no haber logrado el re- ciente acuerdo? ¿Por qué ha sido pre- ferible una solución negociada? Pues, para empezar, nos estaríamos sen- tando en las reuniones del Observatorio Sectorial con un convenio colectivo im- pugnado por una de las partes, recurrida la impugnación por la otra, a punto de ceder todo el protagonismo a nuestras asesorías jurídicas, y a punto de dedicar los próximos años a hacer jurisprudencia y deshacer sector. Otro escenario obvio son los impor- tantes costes administrativos y jurídicos, tanto para la patronal como para los sin- dicatos (derivados de las miles de de- mandas individuales que se prolonga- rían en su resolución hasta bien entrado el 2018), un importantísimo coste social y añadido desgaste empresarial, un desfa- vorable impacto de la imagen sectorial frente a autoridades judiciales y labora- les, congelación salarial durante un largo periodo y una imposible negociación colectiva futura hasta resolución judi- cial (que además sería prácticamente in- abordable económicamente en ese mo- mento en cualquier caso). Y, por supuesto, dedicar buena parte de nuestro tiempo a realizar labores que nada tienen que ver con prestar un buen servicio al cliente y que estarían conti- nuamente distrayendo nuestra atención y la suya; porque no se podría evitar que en algún momento se le llegara a tras- ladar las consecuencias de esa situación de conflictividad en el sector. En cuanto a por qué es preferible una solución negociada, “llovía sobre mo- jado”: este sector ha vivido un tema si- milar que comenzó en 2005, ha gene- rado miles de demandas, toneladas de papel en cientos de metros cuadrados “Debemos preguntarnos si nuestras empresas están en el sector de paso o para quedarse, y si están para hacer sector o hacer caja”