Seguritecnia 445

RIPCI: RETOS DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SEGURITECNIA Septiembre 2017 81 tro balear en el que presta sus servicios. Y a la hora de valorar el RIPCI, celebró que los profesionales de la seguridad contasen con un nuevo reglamento, si bien reparó en que el mismo, en ma- teria de mantenimiento, va a suponer un mayor esfuerzo económico para los usuarios. En ese sentido, aludió a la obligatoriedad de tener que reempla- zar elementos como los detectores de incendios a los 10 años. “Dudo mucho que el fabricante se pronuncie sobre su vida útil”, opinó, al tiempo que propuso que la conveniencia o no de su sustitu- ción debería concretarse en las revisio- nes periódicas. En sintonía con Ponce, Esteban Gon- zález de Buitrago dio la bienvenida al RIPCI, “pero el reglamento va a afec- tar de manera significativa a los usua- rios”, manifestó. A modo de ejemplo, también puso el de los detectores de incendios. “En España, DIA cuenta con 21 almacenes logísticos y más de 4.000 tiendas. Y no sabemos si tendremos que cambiar dichos elementos o si los fabricantes van a determinar una vida útil de los mismos. Si hemos de susti- tuirlos a corto plazo, el coste econó- mico supondrá un impacto negativo”, argumentó. Y entre las contradicciones que plantea el RIPCI, no se mostró muy conforme con que el mantenimiento de los sistemas de alumbrado de emer- gencia haya de ser realizado por em- presas de PCI en lugar de por especia- listas en electricidad, “una decisión que generará conflicto”, vaticinó. mentó de que la guía técnica que la Di- rección General de Industria y de la Pe- queña y Mediana Empresa ha de ela- borar y actualizar para la aplicación práctica de las disposiciones del RIPCI y sus anexos “no tenga un carácter vin- culante”. Y entre otros temas, Villarroel, al igual que Vidueira, se ocupó de las normas UNE, en este caso para dar por hecho que, en el supuesto de ser revisadas, “sus nuevas versiones se incorporarán directamente al RIPCI”. La visión de los usuarios La jornada se cerró con la mesa re- donda “El punto de vista del usua- rio”, moderada por Manuel Martínez , miembro de la junta directiva de TEC- NIFUEGO-AESPI, y en la que tomaron parte Antonio Ponce , vocal experto en Planes de Emergencia del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospi- talarios (OSICH) y director de Seguridad del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca; Esteban Gon- zález de Buitrago , director técnico de DIA; Mariano Olivares , vicepresidente segundo de la Confederación Empre- sarial de Usuarios de Seguridad y Servi- cios (CEUSS); y Aitor Soler Zimbrelo , ofi- cial del Cuerpo de Bomberos de la Co- munidad de Madrid y representante de la APTB. El primero en intervenir fue Anto- nio Ponce, quien, en materia de PCI, mostró su satisfacción por contar con el apoyo de la alta dirección del cen- habrá mantenedores que lo hagan y otros que no… Pero ahí está, en la cara oculta del RIPCI”, reparó. Y entre otros “requisitos ocultos”, puso en entredicho que los detectores de in- cendios vayan a ser revisados anual- mente y sustituidos cada 10 –si el fabri- cante no establece una vida útil–, que se lleve a cabo un mantenimiento óp- timo en las salas de bombas de agua para garantizar que la ventilación y la temperatura sean las adecuadas o que los rociadores automáticos se inspec- cionen cada 25 años. Obligaciones ocultas Por último, José Luis Villarroel , repre- sentante de la APTB e inspector del Servicio de Formación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Ma- drid, advirtió, al hilo de la intervención de Miguel Vidueira, que “la normativa, en muchos casos, exige un volumen in- menso de requisitos de cumplimiento pero pone poco esfuerzo en compro- bar que todo lo que dicta se está mate- rializando”. En cuanto a su valoración sobre el nuevo RIPCI, estimó, en lo que deno- minó “obligaciones ocultas”, que en el mismo debería haberse concretado la expresión “titulación equivalente” al re- ferirse a la formación de los responsa- bles técnicos. Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una norma- tiva básica, animó a las comunidades autónomas a regular al alza –si bien dudó de que vayan a hacerlo– y se la- Antonio Ponce (OSICH), Mariano Olivares (CEUSS), Manuel Martínez (TECNIFUEGO-AESPI), Aitor Soler Zimbrelo (APTB) y Esteban González de Buitrago (DIA).