seguritecnia 446

SEGURITECNIA Octubre 2017 75 la instalación de alertas tempranas de in- cendio. No en vano, mientras hace tres décadas sólo un 8 por ciento de las ca- sas británicas tenía detectores, en 2015 lo habían incorporado ya el 85 por ciento. En España, por el contrario, todavía “no existe una legislación que englobe a los productos de detección de incendios en viviendas”, a pesar de que las estadísticas de fallecidos son preocupantes, especial- mente entre la población mayor. Antes de despedirse, el representante de Casmar advirtió que existen en el mercado múltiples soluciones de detec- ción de fuego para el ámbito residencial. Su compañía dispone de algunas como las de la firma Electronics, entre las que se encuentra el dispositivo de radiofre- cuencia Radiolink, que se adapta a los detectores para que se comuniquen en- tre ellos en caso de incendio y así aler- ten al usuario en todas las estancias de la casa. Mesa sobre el reglamento La V Jornada de Seguridad Privada en Ca- taluña concluyó con una mesa redonda de representantes del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mos- sos d´Esquadra y las asociaciones organi- zadoras para conocer el estado del futuro Reglamento de Seguridad Privada. Como conclusión principal se desprendió que el borrador de la norma se hará esperar, aunque avanzaron algunas de las nove- dades que incorporará. En el tramo final de su intervención, el representante de TECNIFUEGO-AESPI también informó de que el Ministerio de Industria, junto con las comunidades au- tónomas, ha creado una “mesa de segui- miento de unidad de mercado” para que las interpretaciones sobre el RIPCI sean iguales en todo el país. Como apoyo, además, “se está elaborando una Guía Técnica de Aplicación que va a intentar responder a todas las dudas que pueda plantear el RIPCI”. Incendios en viviendas Ya en la última ponencia de la jornada, Javier Maldonado , Project Manager de Casmar, continuó con la PCI, esta vez para analizar la situación en España de la detección del fuego en las viviendas. Una cuestión sobre la que llamó la aten- ción porque “se ha producido un au- mento de las víctimas en estos incendios durante los últimos años”. Desde el punto de vista de Maldo- nado, una de las principales necesida- des para reducir el número de falleci- dos pasa por la instalación de detecto- res en las casas. Como ejemplo de los avances que se producirían con estos aparatos –acompañados de otras medi- das– está Gran Bretaña, que ha pasado “de 831 fallecidos por incendio en 1987 a 258 en 2015”. Esta disminución de los de- cesos ha sido fruto, según aseguró el po- nente, de una mezcla entre revisión de la normativa sobre los materiales de las vi- viendas, campañas de concienciación y entornos rurales como fincas, fábricas, infraestructuras o pantanos. RIPCI Antonio Tortosa , vicepresidente de TEC- NIFUEGO-AESPI, sintetizó en su ponencia algunas de las novedades del renovado Reglamento de Instalaciones de Protec- ción Contra Incendios (RIPCI), una norma que comenzó a tramitarse en 2008 y se publicó finalmente en el BOE en junio de este año, tras 32 revisiones. Para Tortosa, una de las novedades más importantes del RIPCI –que comen- zará a aplicarse el próximo 12 de diciem- bre– es que el instalador aparece como el responsable de la instalación. “Es decir, si la ingeniería hace un diseño y la pro- piedad adjudica el proyecto a una em- presa instaladora, esta última puede ne- garse a realizar el trabajo si ve que los materiales prescritos o el diseño no cum- plen con la norma”, explicó. Esta situación podría acarrear diferencias entre la inge- niería y la empresa instaladora, pero el re- glamento recoge “una elevación a la Ad- ministración para que ésta se pronuncie sobre el asunto en un plazo de 60 días”. Otro aspecto destacable es el trata- miento de la vida útil de algunas medidas de protección contra incendios (PCI). Tor- tosa se detuvo especialmente en los de- tectores para aclarar que, a pesar de que el RIPCI les atribuye una vida útil de diez años, puede haber una excepción “si el fa- bricante justifica que pueden tener una mayor duración ante la Administración”. Juan León (Pycseca Seguridad). Javier Maldonado (Casmar). Antonio Tortosa (TECNIFUEGO-AESPI). V J o r n a da d e S e g u r i da d P r i va da e n C ata l u ñ a