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Actualidad 21 SEGURITECNIA Diciembre 2017 Los ministerios de Fomento, Interior y Empleo y Seguridad Social han suscrito con los agentes sectoriales el acuerdo del Grupo de Trabajo so- bre Seguridad Privada en las Infraestructuras Estatales. Con él pone fin a un conflicto laboral desencadenado el pasado verano en el Aeropuerto de El Prat ante las exigencias de mejoras laborales por parte de los vigi- lantes, pero que arrastraban igualmente otras entidades públicas. El acuerdo, fruto del Grupo de Trabajo específico que se constituyó en septiembre, reconoce la importancia de establecer un presupuesto ade- cuado en la licitación de los servicios de seguridad privada. Por ello, esta- blece la necesidad de implantar procedimientos de contratación que ga- ranticen la calidad de los servicios, los derechos laborales de los trabaja- dores, la solvencia de las empresas prestatarias y las buenas prácticas. En ese sentido, el documento plantea en uno de sus puntos la conveniencia de “rechazar aquellas ofertas consideradas como anormalmente bajas”. Asimismo, el pacto considera “esencial” garantizar que los trabajado- res de estos servicios reciban “en tiempo y forma la remuneración que les corresponde”. De hecho, el texto señala que “el incumplimiento de las condiciones salariales, incluyendo el impago de salarios, se reco- gerá como posible causa de resolución del contrato”. El documento es especialmente aplicable a Aena, Renfe y Adif, por ser “las empresas del Grupo Fomento que principalmente contratan este tipo de servicios”. Fruto de este pacto, se ha suscrito también un acuerdo específico en el ámbito aeroportuario que establece diferentes pluses -que se añaden a las mejoras salariales del nuevo Convenio Colectivo-, algunos de ellos li- gados a objetivos. De esta manera, los vigilantes que trabajen en este ám- bito recibirán en 2018 una bonificación de 0,68 euros por hora efectiva, que se verá aumentada en 0,01 céntimos interanuales en 2019 y 2020. Gobierno y agentes sectoriales acuerdan mejoras en la contratación en infraestructuras estatales La nueva Ley de Contratos del Sector Público (9/2017), publicada en el BOE el 9 de noviembre, pone en va- lor el cumplimiento de los convenios colectivos como elemento necesario para que las entidades públicas adquieran servicios. La norma se refiere en varias oca- siones al acuerdo laboral, como, por ejemplo, cuando establece “la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de con- trato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación”. Pero va más al señalar como causa de resolución de los contratos el impago de los salarios por parte del contratista a los trabajadores, así como el in- cumplimiento de las condiciones de los convenios colectivos. Asimismo, obliga a las entidades públicas a re- chazar una oferta que resulte “inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormal- mente baja”. Uno de los criterios para considerarla de este modo es precisamente que contravenga lo establecido en los convenios colectivos. La nueva Ley de Contratos del Sector Público – que traspone las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE– apuesta también por la calidad de los servicios mediante medidas como dar prioridad a este criterio por encima de la oferta económica en los contratos de la Administración. La Ley de Contratos del sector Público pone en valor el cumplimiento de los convenios colectivos Patronal y sindicatos acuerdan una subida salarial del 2% interanual en el nuevo Convenio Colectivo estatal Patronal y sindicatos alcanzaron un acuerdo, el 8 de noviembre, sobre el nuevo Conve- nio Colectivo estatal de Seguridad Privada. Aproser y las secciones de seguridad privada de los sindicatos UGT, CCOO y USO suscribie- ron este pacto que prevé un incremento sa- larial del 2 por ciento interanual a partir del año que viene hasta 2020, en todos los con- ceptos, además de mejoras en los permisos y las subrogaciones. El acuerdo tendrá vi- gencia desde el 1 de enero de 2017 –“con independencia de la fecha de su publicación en el BOE”, señala el documento– hasta el 31 de diciembre de 2020, “quedando prorro- gado íntegramente hasta su sustitución por otro convenio de igual ámbito y eficacia”, añade el documento. El convenio ha salido adelante a pesar de la negativa de la Federación Empresarial es- pañola de Seguridad (FES), por no estar de acuerdo “ni en la forma final de negociación ni en el fondo del contenido”. Aun con esto, el acuerdo ha resultado aprobado dado que Aproser cuenta con representación mayorita- ria (un 79,57%). Las dificultades de la negociación entre los agentes sociales han quedado reflejadas en el texto, que nace, no obstante, “con el convenci- miento de las organizaciones firmantes de que sigue siendo la herramienta principal para pre- servar la necesaria estabilidad del pacto sec- torial como unidad de negociación, entendida como la más adecuada para este sector y man- tiene su vocación de permanencia”. El convenio aborda medidas para mantener la estabilidad de los trabajadores. Entre otras, desde CCOO explican que establece “mecanis- mos que posibiliten el cobro en un plazo me- nor al actual de los importes debidos en su- puestos de cese de la actividad laboral por su- brogación o cualquier otra causa”. Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la traslación al convenio de todos los acuerdos, especialmente los económicos, que puedan ser fruto del trabajo desarrollado en la mesa abierta con el Ministerio de Fo- mento y de otras que pudieran desarrollarse con otras administraciones públicas. El nuevo Convenio Colectivo ya se ha remi- tido a la autoridad laboral para su publicación en el BOE.