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74 SEGURITECNIA Julio-Agosto 2018 A vista de E l pasado día 5 de julio, con ocasión del I Encuentro de “amigos” de la Fundación Bo- rredá, se presentó oficialmente el úl- timo Estudio de la Fundación: La con- tratación de seguridad por el Sector Púbico: análisis del impacto sobre la Se- guridad Privada en España , en el que se analiza la evolución del sector en la década 2007-2017 y los problemas ge- nerados entorno a los diferentes modos de entender la contratación de seguri- dad desde el sector público en su con- junto (disponible en www.fundación- borreda.org) . El estudio mueve a la reflexión so- bre algunas prácticas de dudosa efi- cacia llevadas a cabo desde el sec- tor público para la contratación de ser- vicios y suministros de seguridad, que no solo atentan contra lo que conoce- mos como contratación socialmente responsable, sino, lo que es aún más grave, se alejan de los parámetros que configuran una contratación técnica- mente responsable. Si tomamos conciencia de que la Ad- ministración, a efectos de contratación, representa un porcentaje próximo al 20 por ciento del volumen del negocio de la seguridad en España, pero cuya im- portancia cualitativa se multiplica por el efecto ejemplarizante (positivo o nega- tivo) de sus prácticas; de que el turismo es la mayor industria nacional y, por tanto, es imperioso que nuestra imagen de país transmita ante todo seguridad; y de que España está señalada como objetivo real de una de las mayores la- cras de nuestro tiempo, el terrorismo yi- hadista, razón por la que tenemos ac- tivado el nivel 4 de alerta antiterrorista desde el 26 de junio de 2015, podemos algunos aspectos que no se compa- decen con ese necesario respeto. En efecto, entre sus conclusiones mere- cen citarse algunas que ponen al des- cubierto notables espacios de mejora en este tipo de contratos: Existe una gran disparidad de crite- rios a la hora de establecer las cláusu- las que rigen los contratos de servicios de seguridad por parte del sector pú- blico, tanto desde el punto de vista ad- ministrativo como técnico. Sería desea- ble que se unificasen estos criterios en unas cláusulas de uso verdaderamente general para homogeneizar la actua- ción de los diferentes órganos de con- tratación y favorecer la contratación social y técnicamente responsable . La falta de uniformidad en el estable- cimiento de los criterios de valoración de las ofertas de servicios de seguri- dad da lugar a situaciones incompati- bles con mínimos de calidad. Por la in- cidencia de estos servicios en la segu- ridad pública, la Administración debe hacer un esfuerzo normativo unificador de los criterios técnicos básicos exigibles a contratos de este tipo que permitan la más adecuada ponderación entre el precio y la calidad estableciendo fór- mulas necesarias para garantizarla. Debe extremarse la cautela al utilizar procedimientos negociados para abaratar los precios y extremar las me- didas de control para minimizar el im- pacto de un desordenado apetito de riesgo por parte de los licitadores y la concurrencia de proveedores con mí- nimas garantías de calidad. En particu- lar, procedimientos como la subasta electrónica, con el único objetivo de reducir los precios, han demostrado su ineficiencia . entender fácilmente la necesidad de ser extremadamente cuidadosos en todo lo que tenga que ver con nuestra pro- pia seguridad. A este respecto, es importante se- ñalar que, desde la aparición de la Ley 5/2014, la Seguridad Privada se incor- pora al sistema público de seguridad como un recurso externo, asumiendo, previo cumplimiento de los requisitos de calidad pertinentes (por cierto, aún sin desarrollar), importantes servicios de vigilancia y protección, como la de las infraestructuras de transporte y, en general, la de las infraestructuras críti- cas, soporte de la provisión de nuestros servicios esenciales. Es evidente que, bajo este prisma, la contratación de es- tos servicios debe hacerse desde el más absoluto respeto a los parámetros que garanticen su eficacia profesional. Conclusiones Sin embargo, los datos del documento al que hacemos referencia evidencian César Álvarez Fernández / Coordinador de proyectos de la Fundación Borredá Hacia un pliego tipo para la contratación pública de seguridad