Seguritecnia 475

62 SEGURITECNIA Mayo 2020 Lucha contra el Covid-19 dad Ciudadana, Ley de Seguridad Na- cional, Estrategias Nacionales de Segu- ridad de primer y segundo nivel en di- versos ámbitos, y numerosas normas de menor rango con las que el Ministerio del Interior trataba de mejorar y armo- nizar el bloque normativo de seguridad. Las previsiones fueron dignas del ma- yor elogio y denotaban una clara inten- ción de anticiparse a los problemas, pla- nificando las medidas a adoptar en dife- rentes escenarios. A título de ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional incluye las epide- mias y pandemias entre las amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional, sig- nificando que para hacerles frente, ade- más de todo tipo de acciones para re- ducir la vulnerabilidad de la población (vacunas, controles en frontera…), es preciso desarrollar planes de prepara- ción y respuesta, tanto genéricos como específicos, con una aproximación mul- tisectorial que asegure una buena coor- dinación de todas las administracio- nes implicadas a nivel nacional o inter- nacional. Más aun, en materia de protección de servicios esenciales, los Planes Estraté- gicos Sectoriales (PES), referidos a cada uno de los 12 sectores estratégicos re- cogidos en la Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas, preten- den identificar qué servicios esenciales para la sociedad se prestan desde cada uno, su funcionamiento, sus vulnerabili- dades, las consecuencias que tendría su inactividad y las estrategias necesarias para su mantenimiento. De esta forma, proponen las medidas, tanto organiza- tivas como técnicas, necesarias para for- talecer la seguridad de las infraestruc- turas críticas y asegurar la continuidad de los servicios. Igualmente, cada PES propone también recursos de mante- nimiento, como, por ejemplo, ejercicios, simulacros, planes de evacuación, pre- paración del personal… A mayor abundamiento, desde 2005, la Administración dispone de un “Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe”, elabo- rado para hacer frente al brote de gripe aviar H5N1, que venía propagándose tro centralizado de los productos nece- sarios para la protección de la salud pú- blica, ésta carece de los recursos y del conocimiento necesarios para hacerlo. Es probable que buena parte de culpa haya que achacársela al hecho de no haber dado cumplimiento al man- dato de la propia Ley de Seguridad Na- cional, que emplazaba al Gobierno para que, en el plazo de un año desde su en- trada en vigor (30 de septiembre de 2015), remitiera al Congreso de los Di- putados un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguri- dad Nacional. A falta de esta ley, tam- poco ha podido cumplirse el requeri- miento de aprobar un catálogo de re- cursos humanos y de medios materiales de los sectores estratégicos de la na- ción que puedan ser puestos a dispo- sición de las autoridades competentes en la situación de interés para la Seguri- dad Nacional. Es obvio que este catálogo es una he- rramienta indispensable para valorar las necesidades que pueden derivarse de una crisis de este tipo y hacer una adecuada distribución de medios, cual- quiera que sea el instrumento utilizado para la respuesta. El legislador era tan consciente de ello que, además de ur- gir la elaboración de una ley para regu- larlo, estableció que debía actualizarse, como mínimo, cada vez que se revise la Estrategia de Seguridad Nacional, de acuerdo con los nuevos riesgos y ame- nazas contemplados. Actualización normativa En los últimos años, hemos asistido a un importante proceso de actualiza- ción de la normativa de seguridad: Ley de Seguridad Privada, Ley de Seguri- declaración del estado de alarma. Pero más que el instrumento, importa el uso que se hace de él. En este sentido, mu- chos expertos en Derecho Constitucio- nal denuncian que las medidas adop- tadas al amparo de la declaración del estado de alarma han supuesto la sus- titución de lo que debería ser un régi- men de libertades sujeto a límites, jus- tificados por la crisis sanitaria, por un ré- gimen genérico de limitaciones en el que la libertad es precisamente la ex- cepción. Esto, unido a otras circunstan- cias como algunas medidas de natura- leza económica o laboral adoptadas, la suspensión de facto de la actividad par- lamentaria de control al Gobierno o el anuncio de medidas políticas con tintes de censura previa para velar por la vera- cidad de las informaciones publicadas en las redes sociales, producen una sen- sación de desconfianza e indefensión en el ciudadano, incompatible con la li- bertad y el bienestar pretendidos por la Seguridad Nacional. Catálogo de recursos En cuanto a la gestión de la crisis del COVID 19, hay que llamar la atención so- bre el problema de descoordinación que ha sobrevolado sobre todas las ac- ciones. La sanidad es una de las más importantes competencias transferidas a las comunidades autónomas, hasta el punto de que en España existen 17 sistemas diferentes para asumirla. Por eso, pesar de que el Estado se reserva la competencia exclusiva sobre la sani- dad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación so- bre productos farmacéuticos, cuando en la declaración del estado de alarma se faculta a la administración sanitaria del Estado para establecer el suminis- Existían suficientes medidas de anticipación que habrían limitado exponencialmente el impacto de la crisis del COVID 19