Seguritecnia 494
Entrevista cualquier conducta que se encuadre en el concepto de agresión física (lesiones y coacciones), agresión verbal (insultos, vejaciones, calumnias e injurias), así como aquellos actos que supongan una infracción penal directamente relaciona- da con la actividad sanitaria. El protocolo prevé la puesta en marcha de cuantas acciones se consideren ne- cesarias y tendentes a profundizar en el conocimiento de la problemática delicti- va que existe en torno a los centros mé- dicos y a los profesionales de la salud. De esa manera, es posible concretar el grado o nivel de riesgo de que se produz- ca una agresión contra un profesional sanitario, a la vez que permite adoptar, posteriormente, las medidas policiales de protección pertinentes, siempre de manera personalizada e individual, para así incrementar su seguridad y reducir la actividad delictiva. Para ello se establece una relación frecuente y cercana como un cauce de comunicación entre las Fuerzas y Cuer- pos de Seguridad y los responsables del centro sanitario o personas designadas al efecto. Dicha comunicación se lleva a cabo a través de la figura policial del Interlocutor Policial Sanitario. Inicialmente, tanto por parte del Inter- locutor Policial Nacional Sanitario, como por los 59 Interlocutores Policiales Terri- toriales Sanitarios de Policía Nacional, se empezaron a establecer contactos periódicos con las autoridades sanita- rias y las organizaciones, instituciones Por otra parte, y con respecto a los despachos de detectives privados, nues- tra mayor preocupación son aquellas irregularidades que, más allá de la trans- gresión de la normativa de seguridad privada, pueden conllevar otras conse- cuencias a los propios profesionales de la investigación privada, como es care- cer del seguro de responsabilidad civil o la utilización de personas sin la habilita- ción de detective en actuaciones propias de investigación. Esto puede implicar no poder hacer frente a reclamaciones de responsabilidad civil o tener que respon- der judicial o administrativamente ante denuncias de los propios investigados en las que alegan defectos formales en los informes del detective privado cuan- do son presentados en procedimientos judiciales. Entre las funciones que tiene asigna- das la UCSP está la de Interlocutor Po- licial Sanitario. ¿Cómo está evolucio- nando esta iniciativa y qué resultados ha dado hasta el momento? La Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, estableció un protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesiona- les de la salud. El objetivo es establecer un procedimiento de actuación común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y pro- fesionales de la salud. Esto comprende Pretendemos que el trabajo que se lleva a cabo en seguridad e investigación pri- vada se integre en un plano operativo, de tal manera que se consiga una verda- dera complementariedad. Por ejemplo, podemos citar el servi- cio conjunto que realizan los vigilantes de seguridad y la Policía Nacional en los estadios de fútbol y en los grandes espectáculos públicos o la cooperación y complementariedad de las investiga- ciones públicas y privadas, como en los casos de estafas a las aseguradoras me- diante simulación de robos. En relación con la función de control que ejerce la UCSP sobre el sector de la seguridad privada. ¿Qué irregulari- dades o problemas les preocupan más por su incidencia en dicho sector? Dentro de las actuaciones de control que se llevan a cabo por la UCSP se en- cuentran las realizadas sobre servicios y empresas de seguridad, establecimien- tos obligados a disponer de medidas de seguridad, centrales de alarmas de uso propio, instalaciones nucleares y radiac- tivas, despachos de detectives y centros de formación. Durante el año 2021 rea- lizamos un total de 1.829 inspecciones, a pesar de los inconvenientes que ha supuesto el desarrollar esta labor en un periodo de pandemia. La mayoría de irregularidades se han concentrado en aspectos relacionados con los libros registro y las medidas obligatorias que han de disponer las em- presas de seguridad o, en su caso, los usuarios de seguridad privada. Otro de los aspectos donde hemos observado algunas irregularidades, por las que se han formulado denuncias a los órganos competentes, es el incum- plimiento de la obligación de la forma- ción permanente anual que deben ga- rantizar las empresas de seguridad a su personal. “Pretendemos que el trabajo en seguridad e investigación privada se integre en un plano operativo, de manera que se consiga una verdadera complementariedad” / Marzo-Abril 2022 11
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