Seguritecnia 501

/ Mayo-Junio 2023 82 Opinión L a sociedad occidental con- temporánea se caracteriza por el desarrollo de entornos y contextos altamente cam- biantes. Esto propicia que uno de los mayores retos a los que nos enfrenta- mos sea la gestión de crisis con el obje- tivo de minimizar, lo máximo posible, la incertidumbre. Sin duda, se ha produci- do una clara evolución en este campo, donde las administraciones públicas se han dotado de potentes herramientas de intervención ante emergencias, tan- to desde el punto de vista teórico y de conocimiento como operativo. En este sentido, se han ido perfeccionando los equipos tecnológicos y de intervención, lo que está permitiendo proteger a los ciudadanos ante los retos ordinarios de seguridad y emergencias; es decir, aquellos que se producen diariamente en nuestros municipios. Por lo tanto, no solamente es deseable la obtención y eficiencia de medios y ca- pacidades para hacer frente a cualquier contingencia, sino que, cada vez más, la anticipación y la prevención se vuelven imprescindibles. Si bien el desarrollo tecnológico y hu- mano para la gestión de crisis y emer- gencias en los niveles operaciones es un dato incuestionable, nos encontra- mos con dos desafíos: por una parte, la distribución competencial de la se- guridad y las emergencias, la cual ado- lece de una adecuada centralización político-administrativa. Y por otro lado, la complejidad, cada vez mayor, de los fenómenos naturales, algo que dificulta la elaboración de modelos predictivos en esta materia. Gestión descentralizada En el caso de España, el incremento y cualificación de los diferentes servicios de intervención en emergencias ha cre- cido exponencialmente en los últimos años, aunque la dispersión y descentra- lización competencial, emanada de las diferentes leyes y estatutos de autono- mía aprobados a comienzos de los años ochenta, está impidiendo un aprovecha- miento adecuado de esas capacidades, especialmente para la gestión de grandes siniestros o emergencias extraordinarias. Así, las competencias de extinción de incendios y rescate continúan atribuidas a los municipios de más de 20.000 ha- bitantes, lo que nos revela un panorama nacional con más de 140 cuerpos de bomberos diferentes (municipales, pro- vinciales, autonómicos y estatales) sin una regulación común, además de una distribución y procedimientos heterogé- neos, acrecentado por la falta de impul- so en la aprobación de una ley básica. Una situación similar se produce con los servicios de protección civil, mu- chos de los cuales prestan su apoyo a la emergencia sanitaria y cuya implan- tación en los municipios se efectúa de manera desigual. Estas agrupaciones de voluntarios aportan un importante po- tencial de apoyo a emergencias, por lo que su distribución y coordinación debe ser objetivo primordial con el fin de apro- vechar sus capacidades. Asimismo, tanto la atención de lla- madas de emergencia al número único europeo 112, la prevención y extinción de incendios forestales, las emergen- cias y las urgencias sanitarias como las funciones de policía medioambiental prestadas por los cuerpos de agentes forestales, son competencia de las co- munidades autónomas. En el ámbito nacional, a estos servi- cios que actúan en emergencias se su- man las actuaciones que, en apoyo a la intervención, llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De esta forma, tanto Policía Nacional como Guardia Civil están funcional y orgánicamente adscritas al Ministerio del Interior, mien- tras que las funciones y competencias de distintas policías locales están atri- buidas a los ayuntamientos. Finalmen- te, y vinculada al Ministerio de Defensa, hay que destacar la labor que realiza la Unidad Militar de Emergencias, siempre Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid C arlos N ovillo V iceconsejero de I nterior y director de la A gencia de S eguridad y E mergencias M adrid 112