Seguritecnia 503

/ Septiembre-Octubre 2023 84 Control y gestión de alarmas vidades de instalación, mantenimiento y CRA. De hecho, tenemos el orgullo de haber sido elegidos por nuestros colegas para ejercer la presidencia de una nueva asociación específica naci- da recientemente: AESCRA (Asociación Española de Centrales Receptoras de Alarmas), que ya acoge a una treinte- na de asociados. Estamos recogiendo las ideas para reducir, entre otros, el problema de las falsas alarmas en un documento que pretendemos consen- suar mediante convenios con otras aso- ciaciones sectoriales que cuenten entre sus miembros con CRA; así como con la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, a quienes ya hemos presentado la asociación y les hemos ofrecido, y han aceptado, conformar un grupo de trabajo para acabar de darle forma juntos. Tenemos el tema bastan- te avanzado. El objetivo final es que se publique una nueva orden ministerial que evolu- cione la verificación de las alarmas, nos permita cortar directamente los casos de reiteración no corregidos ágilmente y arroje luz a puntos ahora poco claros que generan conflictos y diferencias de interpretación al estar trabajando con un marco legal anacrónico y desfasado. Los cuerpos policiales que acuden a comprobar las alarmas confirmadas, concepto legal que aporta seguridad ju- rídica pero que obliga a las CRA a darles aviso incluso en casos en los que enten- demos podríamos verificar con procedi- mientos distintos a los actualmente es- tablecidos, son igualmente víctimas del problema. El 90 por ciento de las veces que acuden ante alarmas confirmadas su presencia es innecesaria. Esta vía de la orden ministerial será un parche ante la falta del nuevo Reglamen- to, pero más vale un parche que nada. Esperamos poder terminar pronto el tra- bajo y que haya voluntad del Ministerio del Interior en aplicar las propuestas y en publicar una nueva orden. Los usuarios provocan en la actualidad un buen número de falsas alarmas. ¿Qué tipo de medidas o acciones llevan a cabo en Grupo On para reducir esas falsas alarmas causadas por ellos? ¿Cree que conseguir reducirlas es más cuestión de formación, de conciencia- ción, de tecnología, de sanciones…? El marco legal actual ya exige informar y formar al usuario para que no produzca falsas alarmas, y tanto Grupo On como las empresas instaladoras que la confor- mamos nos esforzamos en hacerlo. El instalador dedica tiempo a que aprenda el manejo de su sistema de alarma y le explica las situaciones que debe evitar para provocar falsas alarmas. La CRA mantiene una primera conversación en la misma línea con cada cliente que se conecta y se les entrega un folleto al que llamamos “20 consejos para reducir fal- sas alarmas”, y que, además, mantene- mos colgado en la web. Asimismo, detectamos los casos de excesivo número de alarmas y busca- mos la causa y soluciones con el cliente y/o su empresa mantenedora, recomen- damos que actualice el sistema si se detecta obsolescencia e incluso recoge- mos en contrato la posibilidad de cortar el servicio en lo que respecta a avisos policiales o rescindirlo si las falsas alar- mas son frecuentes y no cesan. Pero el resultado es malo. Hace falta una mayor concienciación y ayuda de los usuarios. El siguiente reto es cómo lograrlo. Posiblemente, con una combinación de medidas, de la que ex- cluiría la referente a aumentar las san- ciones. La que más rédito traería a cor- to plazo es actualizar el contexto legal antes comentado. Por ejemplo, retirar la consideración directa de alarma con- firmada a las de alarmas de atraco, así como a las de robo de dos o tres detec- tores si llegan junto a señales de cone- xión o desconexión, puesto que eviden- cian errores del usuario al entrar o salir. Otras medidas serían incorporar nuevos métodos de verificación basados en el big data y en el análisis predictivo, incluir la obligatoriedad a los usuarios para que faciliten tres teléfonos de contacto a los que avisar en caso de alarma y los man- tengan actualizados, salvo que tengan contratado el servicio de respuesta a las alarmas por vigilantes; o incorporar un mecanismo para cortar directa e inme- diatamente el servicio en lo que supone avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Se- guridad del Estado (FCSE) en los casos de reiteración hasta su resolución, una directriz de la que se exceptuarían los establecimientos obligados a disponer de conexión a CRA. También habría que aclarar legalmen- te si las alarmas conectadas directa- mente al teléfono móvil de un usuario se equiparan a la verificación de una CRA y, por tanto, las pueden comunicar ellos mismos a las FCSE. A priori , no parece “El 90% de las veces que los cuerpos policiales acuden a alarmas confirmadas su presencia es innecesaria”