Seguritecnia 504

/ Noviembre-Diciembre 2023 20 A vista de de seguridad. La rapidez con que evo- lucionan hoy los desarrollos tecnológi- cos no puede ser frenada por una regu- lación excesivamente pormenorizada y restrictiva. Es necesario implantar una nueva cultura en la Administración para acompañar a las empresas en esta evolución permanente, sin perjuicio de establecer los adecuados mecanismos de supervisión, basados en certificacio- nes y auditorías preferiblemente. 7. La contratación de productos y servicios de seguridad por las administraciones públicas no puede recibir el mismo tra- tamiento que otras contrataciones de bienes y servicios. La trascendencia de su función exige que los responsables de seguridad de los entes contratantes intervengan en los pliegos de contrata- ción estableciendo clausulas técnicas subjetivas y su valoración de cara a la adjudicación del contrato. 8. En beneficio de la competitividad de las empresas españolas, deben esta- blecerse las condiciones necesarias para que las certificaciones emitidas por los entes nacionales tengan vali- dez en toda la Unión Europea. 9. La cooperación público-privada y privada-privada en materia de ciber- seguridad se vería potenciada con la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que oriente y dirija la actuación de los diferentes operado- res para la defensa y análisis de cibe- rataques, pasando por la consultoría y certificación, hasta el desarrollo de recomendaciones, mejores prácticas y estándares de ciberseguridad, tanto para el sector público como el privado. 10. Para facilitar los trámites de los ciuda- danos en general, y muy especialmen- te del personal de seguridad, debe procederse a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para amparar la digitalización del proceso de denuncia. llo, estableciendo las condiciones de supervisión pertinentes y disponiendo la estructura orgánica más eficien- te para garantizar la coordinación y colaboración permanente, así como el intercambio de información, tanto interna como con otros órganos de la Administración concernidos. 4. La importancia de la aportación de la seguridad civil a la seguridad pública y a la seguridad nacional debe ser re- conocida y potenciada mediante su adecuada incardinación en el Sistema y el establecimiento de un marco efi- ciente, sistemático, práctico y realista de colaboración público-privada. 5. Dejando un amplio margen a la liber- tad de organización de las empresas, la regulación de la protección de to- das las entidades de interés debe promover una seguridad integrada e incluir las líneas básicas de su gober- nanza, así como el diseño de la figu- ra del responsable de seguridad, sus obligaciones y facultades en tanto que pieza clave en la interlocución con la seguridad pública. 6. El regulador debe evitar actitudes in- tervencionistas que tuvieron sentido en los inicios de las actividades privadas miento del currículo formativo exigi- ble para el ejercicio profesional en este ámbito. c. Regulación de la protección integral de los sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad, en razón a los riesgos generados por su propia actividad. Debe incluir las condicio- nes básicas para garantizar la cali- dad de los sistemas de seguridad y la ciberseguridad de los elementos conectados, además de una norma de vida útil para los elementos de seguridad física. d. Regulación de las actividades de seguridad privada, entendidas como aquellas que llevan a cabo las empresas de seguridad privada y su personal. Debe incluir una nue- va taxonomía de estas actividades basada en criterios de eficiencia y capacidad. Su actuación, ampara- da por el interés público esencial de la seguridad ciudadana, les debe conferir un estatus próximo al de las FCS, previo cumplimiento de los re- quisitos necesarios. 3. El Ministerio del Interior debe velar por la armonización permanente de este cuerpo legislativo y su desarro- Parte del equipo de trabajo del estudio “Seguridad Civil y Seguridad Pública. Aporta- ción del sector privado a la seguridad nacional”, durante su presentación.