Seguritecnia 509

/ Septiembre-Octubre 2024 60 Central Receptora de alarmas D urante muchos años he publicado artículos y rea- lizado ponencias sobre el régimen normativo de las centrales receptoras de alarmas (CRA) y los servicios de gestión de alarmas. Pues bien, permítame en estas siguientes lí- neas que haga unas breves reflexiones sobre el alcance e importancia de la ac- tividad de las CRA en el mantenimiento de nuestro modelo de seguridad pública. Quiero empezar diciendo que tanto nuestra Ley de Seguridad Privada del año 1992 como la vigente y perfeccionada Ley de Seguridad Privada del año 2014 sustentan un modelo de seguridad públi- ca de participación de la seguridad priva- da, objeto de imitación en el siglo XXI por todos los Estados de la Unión Europea y nuestros hermanos de Hispanoamérica. Ley de Seguridad Privada Ante los nuevos cambios tecnológicos, con la incorporación de las amenazas y riesgos de los nuevos delitos provenien- tes del mundo virtual, el concepto de se- guridad transnacional adquiere una im- portancia capital, así como la seguridad privada complementaria. Efectivamente, tal y como indica de forma acertada el preámbulo de nuestra Ley 5/2014 de Seguridad Privada: “No solo en España, sino fundamentalmente en nuestro en- torno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de se- guridad […]. En los últimos años se han producido notables avances en la con- sideración ciudadana y en el replantea- miento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importan- cia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para ha- cer frente y resolver los problemas acu- ciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de me- didas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos”. Así pues, nuestra Ley de Seguridad Privada vigente se anticipa de forma bri- llante en más de diez años a una reali- dad en la seguridad ciudadana y seguri- dad pública española que da soluciones y otorga seguridad jurídica a todos los que intervenimos en nuestro de modelo de seguridad pública, ya que introduce en el espacio regulatorio de la seguridad privada conceptos como seguridad in- formática o seguridad de la información, como ámbitos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional. En relación con lo anterior y bajo mi punto de vista, de forma sin duda alguna acertada, nuestro modelo de seguridad privada pone el acento en la comple- mentariedad como principio general del derecho, particularmente importante ante la clara necesidad de integración de la seguridad privada en la seguridad pública; todo ello traducido en la cola- boración con garantías que debe desa- rrollarse de forma permanente e ininte- rrumpida por parte de las empresas y personal de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la ejecución de sus servicios. También el preámbulo de nuestra vigente Ley de Seguridad Privada con- templa de manera brillante que: “La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complemen- tariedad a través de otros que lo desarro- llan, como los de cooperación o de co- rresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello. En la relación especial que mantie- ne la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos ga- rantes del sistema de libertades y dere- chos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar La seguridad privada y seguridad pública, las centrales receptoras de alarmas J orge S algueiro R odríguez P residente de AECRA (A sociación E uropea de P rofesionales para el conocimiento y regulación de actividades de S eguridad C iudadana )