Seguritecnia 510

/ Noviembre-Diciembre 2024 122 Entrevista que demanda estímulos profesionales y una mejor respuesta para los consumi- dores de servicios de vigilancia. Estos clientes exigen servicios que, bajo las normas actuales, pueden quedar obs- taculizados. Quedan aún muchos temas pen- dientes que deberán abordarse en las próximas negociaciones. En definitiva, es esencial tratar todos los intereses de manera legítima y diligente para asegu- rar la mejora y sostenibilidad de nuestro sector. Ustedes representan sobre todo a em- presas medianas de seguridad privada. ¿Cómo creen que puede impulsarse la competitividad de estas compañías para hacer frente a la realidad de un sector cada vez más exigente? A través de una clara apuesta por la transformación digital, integrando a nue- vos actores al modelo de seguridad pri- vada de España. Por ello, avalamos todo tipo de soluciones tecnológicas homo- logadas en la ejecución de los servicios de seguridad, propiciando un desarrollo económico sostenible en España y pro- moviendo el desarrollo de la investiga- ción y la innovación tecnológica, así como la sociedad de la información y la formación de los empresarios en dichos ámbitos. Por ejemplo, es necesario mejorar la delimitación del ámbito normativo apli- cable a la seguridad, promover la com- petitividad de las empresas y la defensa condicionará, sin lugar a duda, futuras negociaciones. En las negociaciones anteriores se llegó incluso a plantear un cambio de modelo de la seguridad privada. Para FES, ¿cuáles serían los cambios nece- sarios en asuntos? El convenio actual ha quedado obsole- to y necesita ser actualizado y moder- nizado para reflejar la realidad actual del sector. Es fundamental que incluya todas las disciplinas profesionales pre- sentes en el sector de la seguridad. Ade- más, es necesario revisar la regulación de la subrogación, ya que su rigidez im- pide el avance del sector en un contexto la facturación, por lo que cualquier varia- ción en la misma repercute directamen- te en dicho coste y en sus resultados. Esta reducción supondría una dismi- nución del 6,25 por ciento de la jornada, lo que conllevaría un aumento en los costes laborales de aproximadamente el mismo importe, mermando sus resulta- dos en al menos un cinco por ciento. Por ello, desde FES reclamamos al Gobierno un ejercicio de corresponsa- bilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revi- sión de los precios de los contratos pú- blicos en vigor ante esta circunstancia, que en ningún caso podría haber sido prevista. Asimismo, cabe recalcar que dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con las organizaciones sindicales. Supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firma- dos en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales, lo cual “La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es un asunto que lleva meses preocupando a los empresarios de nuestro país”